El empleo deja la ayuda a los hipotecados en ‘agua de borrajas’: tan sólo se benefició poco más del 1%

Tras cuatro años de coalición PSOE-Podemos, el Gobierno de Pedro Sánchez deja una herencia de propuestas y regulaciones que no han salido como el propio Ejecutivo esperaba, además de generar expectativas incumplidas para sus potenciales beneficiarios. La implantación de medidas para los hipotecados en dificultades para hacer frente a los pagos es una de ellas. Otra, el conocido como Código de Buenas Prácticas (CBP), concebido como una iniciativa «voluntaria» a la que se ha adherido toda la gran banca española. Del millón de potenciales beneficiarios, apenas el 1% se ha beneficiado de esta medida que, ni coincide con las cifras oficiales en cuanto a beneficiados de verdad, ni es tan simple como parecía.

Los tipos de interés aprietan, pero el pulso del empleo, hace que las familias aguanten todo lo posible -en la confianza de una mejora futura-, antes de someterse a un proceso burocrático complicado.

Solo 14.000 familias beneficiadas

Las cifras que anunció el Ejecutivo al aprobar ese ‘escudo anti-subida de tipos de interés’ eran mareantes: un millón de personas -aseguraba- podrían beneficiarse de una ‘moratoria’ en el pago de sus cuotas gracias a la acción del Gobierno. La realidad ha mostrado que ese millón de familias se queda -pese al importante número de afectados- en ‘apenas’ 14.000 familias. E, incluso, el dato puede verse reducido hasta las 12.000, según varias entidades consultadas.

Otro dato se refiere a las personas que, de manera efectiva, se benefician de estas medidas. Unas por desconocimiento y otras, por incumplir criterios objetivos de la norma; no pueden ser incluidas en las medidas de protección previstas. El caso es que, el día a día de las entidades demuestra que apenas el 40% de las solicitudes puede acogerse a estas medidas.

El timo de las buenas prácticas

El propio gobierno, a través de su ministra de Economía, sitúa en cerca de 33.000 familias las que han pedido acogerse, entre enero y mayo, a los códigos de buenas prácticas para aliviar su carga hipotecaria. Sin embargo, la cifra incluye los 19.000 expedientes acogidos al Código de 2012.

Frente a esas solicitudes están los 29.000 hipotecados que han renegociado o refinanciado sus créditos de acuerdo directamente con su entidad, al margen de los códigos.

Otra cuestión será ver cuántos de ellos pueden acogerse al mismo. Porque el CBP incluye una serie de requisitos para estar dentro del denominado «umbral de exclusión», que da derecho a reestructurar la deuda hipotecaria y al alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual.

Según informa el Banco de España en su página web, para poder adherirse a los beneficios anunciados, el solicitante no puede superar unos ingresos por unidad familiar superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en catorce pagas. Es decir, 25.200 euros al año. Otra condición es que la cuota hipotecaria suponga más del 50 % de los ingresos netos que perciba toda la unidad familiar (descontados impuestos y cotizaciones sociales). O que la tasa de esfuerzo para hacer frente a la hipoteca haya aumentado en los últimos cuatro años.