Los empleados de las agencias de viajes piden a Bruselas que impida el registro de viajeros de Sánchez
Los trabajadores denucian que van a sufrir una mayor carga laboral y conflictos en sus puestos
Valorian, el sindicato mayoritario del sector de agencias de viajes en España, ha reclamado a Bruselas que intervenga y paralice el registro de viajeros que quiere llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, la organización ha presentado un escrito ante la Comisión Europea alertando sobre el impacto de un nuevo decreto que obliga a las empresas turísticas a recopilar datos adicionales de los clientes.
«Esta normativa plantea serias dudas sobre su compatibilidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y afecta negativamente a la competencia en el Mercado Único Europeo», denuncian los empleados de las agencias de viajes.
En ese sentido, los trabajadores del sector advierten sobre las «consecuencias económicas negativas de este decreto» y aseguran «que impone una carga desproporcionada a las empresas españolas y distorsiona la competencia dentro de la UE», algo que podría llegar a afectar, incluso, al empleo.
Por un lado, Valorian considera que el registro de viajeros supondría una «desventaja para las empresas españolas», pues, «mientras que operadores extranjeros y plataformas online quedan exentos, las empresas españolas asumen una carga injusta».
«Las empresas españolas asumen una carga injusta», denuncian los trabajadores de las agencias de viajes
Además, los empleados denuncian que afecta de forma especial a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país, pues «las grandes compañías pueden asumir los costos, pero las pymes enfrentan dificultades que limitan su competitividad e innovación».
Problemas con el registro de viajeros
No obstante, los empleados de las agencias de viajes ponen el foco en la «posible infracción de la Directiva de Servicios de la UE». Según afirman, el registro de viajeros que quiere imponer el Ejecutivo socialista «impone barreras administrativas que restringen la libre prestación de servicios».
«También denunciamos el impacto que está suponiendo en la carga de trabajo de las plantillas de las empresas», asegura Valorian, quien considera que también se va a generar una «sobrecarga administrativa» difícil de contrarrestar: «La recopilación de datos aumenta la carga de trabajo y afecta al clima laboral».
En ese sentido, los empleados de las agencias de viajes consideran que la regulación va a crear «mayor estrés» en sus labores. «Los clientes rechazan proporcionar datos sensibles, generando conflictos y presión sobre los empleados», explican desde el sindicato mayoritario del sector.
«Por todo ello, desde Valorian instamos a la Comisión Europea a revisar esta normativa para evitar perjuicios en la competencia, las pymes y los trabajadores del sector turístico», sentencia el comunicado de la organización.
Las patronales del turismo de la Unión Europea ya han mostrado, también, su descontento con esta medida que también les afecta, ya que, por ejemplo, las agencias de viajes extranjeras deben enviar esta amplia información de datos de los clientes.
Las patronales también se oponen
«En la Unión Europea han puesto el grito en el cielo todas las patronales diciendo que este registro es inadmisible», aseguró a este periódico el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella.
«España ya es el único país de Europa que registra las entradas de los viajeros y se las tiene que mandar a la Policía, a la Guardia Civil y a todos los demás países de Europa en caso de delito. Pero es que este Real Decreto llega mucho más lejos», afirmó.
Una gran mayoría de viajeros prefieren ya instalarse en casa de familiares y amigos para evitar estos registros. «Más del 50% de los viajeros extranjeros y el 70% de los españoles ya no pasan por una recepción cuando se alojan fuera de su casa», explicó.
«Este Real Decreto fue hecho en el año 2021 a espaldas no solamente nuestra, sino a espaldas de los Cuerpos y Fuerzas del Estado. De hecho, desde el año 2021, este Real Decreto ha tenido ya tres prórrogas para adaptarlo. No tiene sentido aplicar un registro de viajeros que en el resto de Europa no se pide, y que también incluye sanciones si tiene errores», sentenció el representante del sector empresarial.
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