Domingo Parra acepta un año y siete meses de prisión por administración desleal con el Banco de Valencia

Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la refinanciación continuada de las pólizas y préstamos que el grupo Libertas 7 tenía suscritos con Banco de Valencia. Domingo Parra, exconsejero delegado de la entidad financiera, ha aceptado la pena de un año y siete meses de prisión por un delito continuado de administración desleal.

Según han informado fuentes jurídicas a través de un comunicado, Parra -que ya ha alcanzado acuerdos de conformidad similares en otras causas- ha manifestado su colaboración con la justicia y ha ingresado 100.000 euros en la cuenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En concreto, Parra ya ha admitido su responsabilidad en otras ocasiones. Así, en enero de 2019 reconoció su abuso de funciones en la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín. En esta causa abonó 330.000 euros al FROB para reparar parcialmente el daño, cantidad a la que se sumarían un año más tarde otros 100.000 euros en el marco de la mayor operación crediticia de la entidad, aunque finalmente fue condenado a un año y tres meses de prisión y al pago de 94 millones de euros.

Un «trato preferente, de valor»

Junto a Parra, también se encuentra implicada en la causa Agnès Noguera -entonces también en el consejo de Banco de Valencia-, para quien el Ministerio Público solicita tres años de prisión por el mismo delito. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba además que ambos indemnizaran conjunta y solidariamente al FROB con 13,5 millones de euros, cuantía equivalente al perjuicio que las refinanciaciones habrían causado al banco.

Para Anticorrupción, los acusados dieron de forma continuada un «trato preferente, de valor» y dispusieron de fondos de la entidad bancaria por un importe de 65 millones de euros mediante la «refinanciación continuada» de seis pólizas y préstamos, desde finales de 2006 a 2012. Además, abusando del poder que les conferían sus posiciones de dominio en la administración del banco, habrían dejado de lado la normativa sobre gestión del riesgo, quebrantando los deberes de lealtad en la protección de los intereses sociales.