Cada hogar español debe 1.753 euros por la falta de libertad en el mercado eléctrico

El déficit de tarifa se produce porque los costes reconocidos a las empresas por la producción de energía es superior a los ingresos que reciben por su comercialización. Estos ingresos proceden del 40% del importe de la factura de la luz que pagan los consumidores. El 60% restante del importe se reparte entre recargos establecidos por el Estado y tres tipos de impuestos diferentes.

Al IVA y al Impuesto sobre la electricidad (un gravamen especial similar al existente sobre el tabaco o las bebidas alcohólicas) se suma todo un grupo de tributos a la generación. Entre estos figuran  impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el canon por utilización de aguas para la producción de energía eléctrica, tributos aplicables a los procesos de  generación con energía nuclear, impuesto al consumo de gas natural en centrales eléctricas, impuesto especial sobre el consumo de carbón, tributos medioambientales establecidos por las Comunidades Autónomas e Impuesto de Bienes Inmuebles.

A todo lo anterior se suma los recargos, que incluyen entre otros: como las primas a las energías renovables y cogeneración, la anualidad correspondiente al déficit tarifario de años anteriores, los sobrecostes en las islas y ciudades de Ceuta y Melilla,

A pesar de que en los recargos se incluye la anualidad para pagar el déficit tarifario de los años anteriores, este ha ido creciendo desde que se creara este mecanismo hace una década. Para hacerle frente, además de lo que pagan los consumidores, existe un organismo específico que emite deuda pública. Se trata del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE). Dicho organismo fue creado el 14 de enero de 2011 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El déficit tarifario comenzó a reconocerse de forma oficial a mediados de la década de 2000, bajo el Gobierno de Aznar. Sin embargo, el origen es anterior. Ante el proceso teóricamente liberalizador del sector, el Ejecutivo del PP reconoció la existencia de unos denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC), que obligaba al Estado a compensar a las empresas por lo que supuestamente dejarían de ganar al cambiar el régimen del sector. A ello se suma la moratoria nuclear establecida por Felipe González, por la que los consumidores han pagado ya 4.000 millones de euros. Estos se incluyen también en el déficit de tarifa.

Costes regulados en 2015

Desde que arrancara el año y hasta julio, los costes regulados fueron 261,2 millones de euros inferiores a lo previsto. Esto se debe principalmente, a unos pagos por capacidad 178,3 millones de euros por debajo del pronóstico y una retribución a renovables y cogeneración 114,1 millones de euros inferior. Los incentivos a estas tecnologías acumulados hasta julio ascienden a 3.956,71 millones de euros antes de impuestos.

Una vez descontadas las cantidades correspondientes al ejercicio 2015 ya abonadas en las liquidaciones anteriores, la cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 544,5 millones de euros antes de impuestos.