Derogar o reformar el 84% de las leyes de Sánchez ahorraría 90.000 millones, el 5% del PIB

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 24/02/2026 13:45
  • Actualizado: 24/02/2026 13:45

Una auditoría elaborada por el Instituto Juan de Mariana (IJM) y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU Cefas) con un programa propio de inteligencia artificial (IA) ha concluido que el 84% de las leyes correspondientes «a la presidencia de Pedro Sánchez» podrían derogarse o reformarse sin provocar desajustes en el país ni en la Administración. De hecho, según estos profesionales, estos cambios podrían llegar a ahorrar a España 90.000 millones de euros anuales, lo que supone alrededor del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) nominal, algo que han tachado de «impuesto silencioso».

De hecho, «el coste·» de toda esta legislación prescindible «es todavía mayor», según ha defendido Manuel Llamas, director del IJM. Esto es porque eliminar todo ese papeleo «tendría efectos inmediatos de inversión». En ese sentido, el politólogo gallego ha recordado que el avance económico de un país no viene por la vía del consumo sino por la del ahorro y la inversión.

El análisis ha estado compuesto por quince expertos en diversos campos, desde la economía hasta el derecho. Por tanto, el estudio ha tenido en cuenta el impacto de la derogación o simplificación de dichas normas, especialmente a través del desarrollo de un programa de IA al que han llamado MOTOSIERRA-DESREG.

«El sistema detecta la existencia de elementos que supongan una captura de rentas por parte de grupos favorecidos o del Estado, identificando también distorsiones de mercado como precios artificiales, barreras de entrada o esquemas de intermediación forzada», explican los profesionales.

Así, la aplicación «revisa la posible existencia de disposiciones obsoletas, ineficaces o desconectadas de la realidad económica y jurídica y, en el caso de normas de transposición europea, evalúa si el legislador nacional ha excedido los mínimos exigidos por la Unión Europea, generando sobrerregulación por gold-plating». «El resultado de esta fase es un conjunto estructurado de hallazgos técnicos que sirven como base para la intervención normativa», sentencian.

Mediante este riguroso mecanismo, al que han dedicado cerca de un año, el IJM y CEU Cefas han concluido que se han aprobado en el último ciclo político «204 leyes susceptibles de derogación o reforma en profundidad». Esto supone «el 84% del acervo normativo correspondiente a la presidencia de Pedro Sánchez».

El programa divide las leyes en cinco bloques. El primero «incluye aquellas normas para las que es posible plantear la derogación completa, al no existir ningún tipo de mandato o referencia normativa comunitaria y tratarse de disposiciones íntegramente dependientes de los procesos legislativos nacionales».

El segundo «plantea la derogación de regulaciones que fueron comprometidas como reformas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que habilita la obtención de los fondos Next Generation EU». «Se trata, por un lado, de acometer la eliminación de tales normas, pero también, por otro lado, de introducir propuestas alternativas equivalentes y menos distorsionadoras», aseguran.

El tercero «sugiere la reforma de regulaciones que deben formar parte de nuestro corpus legislativo por ser parte de las exigencias normativas ligadas a la pertenencia a la Unión Europea». «En este caso, el proceso de transposición incurre con frecuencia en el vicio del gold-plating, de tal forma que, en vez de aprobar normas basadas en los principios de mínimos que emanan de Bruselas, se introduce una miríada de requisitos e intervenciones adicionales», explican.

El cuarto «engloba la lista de leyes para las cuales parece más recomendable la introducción de una reforma en profundidad antes que la derogación». Y, por último, el quinto, «en el que recalan todas aquellas normas cuya revisión no se considera prioritaria a corto plazo».

Las leyes de Sánchez que sobran

Teniendo en cuenta estas subdivisiones, el analisis realizado de la era Sánchez ha arrojado como resultado «que el bloque 1 concentra el 23% del total, mientras que el bloque 2 supone el 16%, el bloque 3 comprende el 13% y el bloque 4 tiene un peso del 48%, quedando un 16% enmarcado en el quinto bloque que agrupa las leyes cuya revisión no es tan urgente a corto plazo».

En ese sentido, Diego Sánchez de la Cruz, investigador asociado al IJM, ha asegurado que este estudio muestra una forma realista de «derogar el sanchismo», una oportunidad para los partidos de la oposición.