El consejo de asesores fiscales sobre el cupo catalán: «Crear más países vascos no es la mejor fórmula»
Los expertos en fiscalidad coinciden en que perjudicará al resto de comunidades autónomas
Los inspectores de Hacienda cargan contra el cupo catalán: «Estamos hablando de un régimen ilegal»
La luz verde a la financiación singular de Cataluña, el cupo catalán, en la reunión bilateral celebrada este lunes entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña ha provocado un aluvión de críticas por parte de los expertos en fiscalidad. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) considera que la reforma del sistema de financiación autonómica debe ser consensuado y que «crear más países vascos no parece la mejor fórmula».
Su secretario técnico, Rubén Gimeno, explica que «apostamos por reformar de una vez el sistema de financiación autonómica que lleva sin reformarse desde 2014, y no nos gustan los trajes a medida. Que sea un consenso de todas las comunidades autónomas, no hacer trajes a medida como en el País Vasco, porque es algo que crea discriminación».
«El nuevo modelo de financiación singular de Cataluña es otro cupo vasco, recauda todo Cataluña y luego aporta al Estado, y esa no es la filosofía del actual sistema tributario. Crear más países vascos no nos parece la fórmula adecuada, el Estado debe recaudar y repartir, y no al revés», añade.
Gimeno se refiere al régimen foral vasco y navarro, por el que estas comunidades recaudan todos los impuestos y luego se supone que pagan al Estado por sus servicios y por solidaridad con otras regiones. Pero hace años que no sólo no pagan, sino que el Estado les da más dinero (el cupo negativo) por una serie de trampas contables. ERC quiere ahora un sistema similar con el mismo objetivo, y fue su exigencia para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat.
En general, todos los fiscalistas coinciden en que este sistema supone una ruptura del sistema autonómico actual de dudosa constitucionalidad; de hecho, la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado aseguró ayer que el cupo catalán no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, se trata de «un régimen ilegal que vulnera los principios de igualdad y solidaridad» reflejados en la Carta Magna.
Francisco de la Torre, coautor de La factura del cupo catalán, opina que «habría que pedir opinión a los ciudadanos, no se puede hacer este cambio en un acuerdo entre gobiernos. Es un cambio constitucional, es ir a un Estado confederal asimétrico. Lo que nos afecta a todos debemos decidirlo todos».
«Esto no se sostiene como modificación legal, los estatutos de autonomía no pueden suponer privilegios sobre otras comunidades según el artículo 138.2 de la Constitución. Y también vulnera el principio de solidaridad interterritorial. No puedes limitar un principio constitucional en base a un criterio que tú te saques de la manga. Y sólo para Cataluña, para los demás no. Es claramente inconstitucional», añade.
Consecuencias catastróficas
También hay unanimidad sobre las consecuencias económicas del cupo catalán: un empobrecimiento del resto de las comunidades autónomas, ya que, al detraer los recursos que aporta Cataluña actualmente al sistema, habrá menos dinero para financiar al resto y para los gastos generales del Estado. «O se suben los impuestos de forma generalizada, o se reduce el gasto, o hay menos dinero para repartir, no hay más», señala otro profesional de la fiscalidad.
También ha recibido duras críticas la excusa que se ha inventado el Gobierno para aplacar al resto de autonomías: que este modelo de financiación no es singular de Cataluña, sino que se puede aplicar en todas las regiones. «Eso es mentira directamente, no pueden hacerlo todas las comunidades», según este asesor.
«Con un sistema de cupo generalizado, ganarían sólo Madrid y Cataluña, mientras que las comunidades pobres serían las que más perderían. Y si sacas a Madrid y Cataluña, te quedas sin país», concluye De la Torre.
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