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Confirmado: el dinero exacto que van a cobrar los pensionistas a partir de 2025

El panorama de las pensiones en España siempre genera gran interés, especialmente para los más de 9,3 millones de personas que dependen de estas prestaciones como su principal sustento. Con la entrada en vigor de las nuevas revalorizaciones para el año 2025, millones de pensionistas podrán saber exactamente cuánto cobrarán. Este incremento, aunque menor al de años anteriores, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de este colectivo.

La Ley 21/2021, que vincula las subidas de las pensiones al Índice de Precios de Consumo (IPC) promedio de los últimos doce meses antes de diciembre, ha establecido que en 2025 el incremento será del 2,8%. Esta cifra, aunque inferior al 3,58% de 2024 y al 8,5% de 2023, refleja un contexto económico menos marcado por la inflación descontrolada. ¿Qué significa esto para los pensionistas? En términos prácticos, unos 500 a 600 euros más al año en las pensiones medias, asegurando la estabilidad económica de millones de hogares. Además, la subida afecta no sólo a las pensiones contributivas, sino también a las prestaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado, que abarcan a funcionarios, militares y altos cargos. Mientras tanto, las pensiones no contributivas y las mínimas también experimentarán incrementos específicos destinados a reducir la brecha con el umbral de la pobreza.

El dinero que van a cobrar los pensionistas a partir de 2025

La revalorización del 2,8% tendrá un impacto directo en las cuantías que recibirán los pensionistas. En el conjunto de España, las pensiones medias por tipo quedarán de la siguiente manera:

La pensión máxima también sube

Para los pensionistas que perciben la cuantía máxima, el aumento será ligeramente mayor al 2,8%. En concreto, crecerá un 2,915%, situándose en 3.267 euros mensuales en 2025, frente a los 3.175 euros de 2024. Este incremento está vinculado al destope de las cotizaciones máximas, una medida que afecta a las aportaciones de los sueldos más altos a la Seguridad Social. Aunque el tope en la base de cotización crecerá en torno al 4%, el impacto en las pensiones máximas es más limitado.

La medida del destope también es relevante para garantizar la sostenibilidad del sistema. Al aumentar las aportaciones de los salarios más altos, se refuerza la capacidad de financiación del sistema de pensiones sin reducir las prestaciones. Esto resulta fundamental en un país con una población envejecida y donde el equilibrio entre ingresos y gastos es cada vez más desafiante.

¿Qué ocurre con las pensiones no contributivas y mínimas?

En el caso de las pensiones no contributivas y mínimas, la revalorización será superior al 2,8% general. Esto se debe a las medidas introducidas en la última reforma de las pensiones, que buscan que estas prestaciones converjan con el 75% del umbral de la pobreza para un hogar unipersonal en 2027. En 2024, estas pensiones subieron un 6,9%, y en 2025 podrían experimentar un incremento similar o incluso mayor.

Por ejemplo, una pensión no contributiva de invalidez o viudedad podría sumar un porcentaje adicional al IPC promedio, lo que representará un alivio significativo para las personas que dependen de estas ayudas. Las cuantías definitivas se fijarán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, las pensiones mínimas también experimentarán una revalorización relevante, lo que beneficia especialmente a los jubilados con menores cotizaciones durante su vida laboral. Estas subidas reflejan el compromiso del Gobierno de reducir las desigualdades económicas y proteger a los colectivos más vulnerables.

¿Por qué es importante esta revalorización?

La vinculación de las pensiones al IPC garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo en un contexto económico cambiante. Aunque la subida de 2025 es más moderada que la de 2024, refleja un entorno de precios más controlados. Además, asegura que todos los colectivos, desde jubilados hasta personas con discapacidades o viudas, puedan mantener su calidad de vida.

Con estas medidas, el Gobierno busca equilibrar las necesidades de los pensionistas con la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, en un momento donde el envejecimiento de la población sigue siendo un desafío de gran magnitud. Este equilibrio requiere no sólo garantizar ingresos suficientes para los pensionistas actuales, sino también asegurar que las futuras generaciones tengan acceso a prestaciones justas y sostenibles.

El reto de financiar estas pensiones también pone sobre la mesa la importancia de fomentar la natalidad y mejorar las condiciones laborales para que las cotizaciones aumenten. En este contexto, las reformas no sólo deben enfocarse en el presente, sino también en establecer bases sólidas para el futuro del sistema de pensiones de modo que este se pueda seguir garantizando a los actuales trabajadores.