La CNMC investigará a la Asamblea Nacional Catalana por pedir que sólo se consuman productos catalanes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a iniciar un expediente de sanción contra la Asamblea Nacional Catalana, la organización independentista sustentada por la Generalitat de Cataluña y que en los últimos años ha sido el brazo ‘de la sociedad civil’ utilizado por el Govern para hacer ver que existía una enorme movilización en la calle a favor de la independencia de Cataluña.

El motivo de la investigación son «posibles prácticas desleales relacionadas con la activación de la campaña “Consumo Estratégico”.
A través de esta, se anima a los consumidores a que no compren determinados productos por razones ajenas a la competencia entre empresas».

Es decir, la CNMC investigará a la ANC por pedirles a los ciudadanos catalanes que solamente consuman productos de Cataluña, algo que es ajeno a la competencia de un mercado que supuestamente debería ser único como el de España y el de la Unión Europea.

La fórmula para hacerlo ha sido mediante un expediente sancionado por posibles prácticas desleales «que distorsionan gravemente la competencia en el mercado».

Tal y como indica la organización presidida por Cani Fernández, la campaña que lanzó la Assemblea Nacional Catalana podría ser contraria al artículo 3 de la Ley 15/2007. Esta campaña incidía en el “Consumo Estratégico” como herramienta política que tenía como fin que los consumidores y las empresas catalanas se abstuvieran de comprar productos o servicios ofrecidos por determinadas empresas que provienen de fuera de Cataluña.

«Ajeno a la competencia»

Esta campaña, de cariz político, quedaría como es evidente fuera de motivos de competencia basados en los propios méritos y podría distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de los consumidores y la estructura competitiva del mercado.

La CNMC ha iniciado la investigación tras la denuncia presentada por la patronal de las empresas catalana Fomento del Trabajo Nacional, la principal organización empresarial catalana, adherida a CEOE.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 22 de octubre de 2020, fue la institución judicial que determinó que la CNMC era el organismo competente para resolver el caso.

Conflicto de competencias

Con carácter previo, se había dado un conflicto de atribución de competencias sustanciado entre la CNMC y la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) que fue resuelto por la Junta Consultiva en materia de conflictos a través de un informe de 21 de febrero de 2020. Esas conclusiones fueron confirmadas por el Tribunal Constitucional en la citada sentencia de octubre.

Esta incoación no va a prejuzgar el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para su instrucción y resolución por parte de la CNMC.

OKDIARIO ya informó el pasado daño de que Competencia podría entender que la ANC buscaba lanzar un boicot contra aquellas empresas asentadas en Cataluña que no fueran independentistas

OKDIARIO ya informó el pasado año de que Competencia podría entender que la ANC busca lanzar un boicot contra aquellas empresas asentadas en Cataluña que no fueran independentistas, algo que, por otro lado, negaba en rotundo la presidente de la ANC, Elisenda Paluzie.

Paluzie subrayó en una entrevista en exclusiva con OKDIARIO que no buscan boicotear a nadie con la campaña, sino que valoran «distintos elementos de empresas». «Por ejemplo, nos centramos mucho en los sectores regulados; vemos si usan energías renovables o no, si hacen políticas de medioambiente, responsabilidad social… Hay distintos criterios, y lo que hacemos es que las empresas que se inscriben nos dicen si cumplen o no con estos distintos criterios», explicaba la presidenta de la ANC.

En su entrevista con este periódico, Paluzie matizaba el punto de vista de la ANC: «Los consumidores valorarán en función de estos indicadores, que son la responsabilidad social, si utilizan el catalán en su atención al público y en su web, pero no es que tenga que ser catalana. Una empresa de Burgos puede tener su web en catalán para los consumidores catalanes, o una empresa holandesa la atención al cliente en catalán», decía la política.

Sin embargo, insistiendo un poco en las preguntas, Paluzie acabó reconociendo que prefiere «una economía que esté desligada de estas presiones del poder central político español», aunque matizó que eso «no quiere decir que sólo queremos productos catalanes».

«Queremos empresas que respeten lo que se decide en Cataluña», explica Paluzie, que afirma que buscan compañías «que no se metan en las campañas del miedo económico».

«Hay empresas aseguradoras importantes, y sobre todo nos centramos en las ferias que hemos hecho, con muchas empresas del sector eléctrico, gasístico, aseguradoras… Este tipo de sectores regulados», decía la presidenta de la ANC.