El CES no analizó «en profundidad» el golpe a la sanidad privada de Sánchez por la «premura exigida»

El Consejo Económico y Social (CES) admite que no ha podido analizar en profundidad el polémico Anteproyecto de Ley sanitario, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, ante las prisas metidas por el Gobierno para su elaboración.

El CES, organismo consultivo en materia económica del Gobierno, recibió el pasado día 19 de mayo solicitud del Ministerio de Sanidad para que emitiera un dictamen sobre el Anteproyecto sanitario, que fue presentado el 8 de junio.

Así, el Consejo ha tenido menos de un mes para elaborar una iniciativa legislativa compleja que amenaza con romper la actual relación existente en España entre la sanidad pública y la privada.

En su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidad la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, el CES advierte «que la premura exigida en la realización de este Dictamen, solicitado con carácter de urgencia por el Ministerio proponente, ha impedido a este órgano acometer un examen en profundidad sobre el Anteproyecto, llevando a tener que pronunciarse únicamente acerca de sus líneas generales».

El organismo, que en líneas generales avala el Anteproyecto, señala que se ha perdido «la oportunidad de adentrarse en las observaciones específicas al articulado que resultarían de un análisis e intercambio de opiniones menos apresurado de lo que ha sido posible».

El CES «lamenta esta circunstancia», dice, «que limita el ejercicio pleno de sus competencias consultivas y de participación, habida cuenta de la entidad y novedad de los cambios incorporados». Dichos cambios, añade, inciden «en aspectos vertebradores de los principios básicos de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud».

El CES emitió su dictamen sobre el Anteproyecto sanitario el 8 de junio. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin celebrado el pasado domingo en la campaña electoral andaluza, avanzó que sería aprobado un proyecto de Ley que busca «blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y que, por tanto, no se privatice por ningún Gobierno de derechas en ninguna Comunidad Autónoma».

El Consejo Económico y Social es un ente de derecho público de carácter consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. El organismo, adscrito administrativamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuenta con personalidad jurídica propia y autonomía.

La «política populista»

Asociaciones empresariales y de la sanidad privada han criticado el Anteproyecto sanitario aprobado por el Consejo de Ministros el martes advirtiendo que será negativa no solo para la sanidad privada, también para la pública.

«La burbuja de la política populista no hace más que dificultar una solución eficaz de los problemas», ha advertido en un comunicado la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración (IDIS).

«Resulta difícilmente entendible que los problemas que afectan al sistema sanitario público se sigan tratando de vincular a ‘privatizaciones’ que además no son tales, obviando la gravedad de la situación y generando incertidumbre y confusión en la población», ha indicado la Fundación, que tiene como patronos a grupos como Adeslas, Asisa, Vithas, HM Hospitales, Caser Seguros o Quirón Salud.

La Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (Acehp) manifestó el miércoles a través de un comunicado «su absoluto desconcierto ante una norma que, en su redacción actual, perjudica a los pacientes y a la Sanidad pública y privada».

La asociación advierte que el proyecto del Gobierno «puede llevar al colapso del Sistema Nacional de Salud» y que en Madrid «más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos».

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (Ceim), indicó el miércoles que el Anteproyecto «tiene aspectos positivos», pero que los empresarios de Madrid entienden que es «globalmente negativo».

La Ceim critica que las medidas contempladas tendrían que haber sido «consensuadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud» y muestra su rechazo porque «desde una base ideológica obsoleta, en vísperas de unas elecciones autonómicas, se pongan trabas a la excelente colaboración público-privada en el ámbito sanitario (…)».