CEOE rompe el diálogo con Trabajo tras su pacto con Bildu para que Inspección controle los ERE

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha roto la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla «tramposa y contraria a la buena fe» tras la enmienda, pactada con Bildu, sobre el control de la Inspección de Trabajo de las causas en los despidos colectivos (ERE).

En un duro comunicado, la CEOE considera que la enmienda transaccional es una «traición» al acuerdo alcanzado en la reforma laboral.

«En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial (…) actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable».

Los empresarios españoles recuerdan que este asunto se apartó «de mutuo acuerdo» para alcanzar el consenso en la reforma laboral, por lo que ven en esta modificación «una ruptura de la buena fe negocial». Ambas organizaciones consideran ahora que el Ministerio de Trabajo y Economía Social queda invalidado «como interlocutor fiable», ya que no ha respetado ni defendido los acuerdos.

Intervención en las decisiones empresariales

La enmienda aprobada en la Comisión de Trabajo se trata de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores relativo al despido colectivo. Con este punto, se constatará que la documentación presentada por la empresa se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir. Es decir, la Inspección evaluará y emitirá su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa para la ejecución del despido colectivo.

Asimismo, la nueva redacción del artículo del Estatuto de Trabajadores establece que tras haberse notificado la comunicación del despido, el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberá ser evacuado en el «improrrogable» plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.

Los empresarios creen que estos cambios «tienen como fin intervenir las decisiones empresariales» y resulta «contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa», además de contravenir la normativa europea. La Junta Directiva de CEOE tratará estas cuestiones, «dada su urgencia», el próximo 21 de diciembre.