Las casas expropiadas por Armengol en Baleares son de Bankia, Sabadell, BBVA, Blackstone o la Sareb

Los bancos Sabadell y Bankia; el fondo de inversión Divarian -participado por BBVA y Cerberus; Aliseda, el ‘servicer’ inmobiliario de Quasar -sociedad de Santander y Blackstone-; y la Sareb son algunos de los propietarios de las viviendas expropiadas por el Gobierno de la socialista Francina Armengol en las Islas Baleares. En total, el ejecutivo regional ha expropiado 56 casas a bancos, fondos y promotoras inmobiliarias para destinarlas a alquiler social. La medida, que ha despertado grandes críticas en el sector inmobiliario, es la que pretende imponer Pablo Iglesias en la futura Ley de Vivienda.

En la lista de propietarios expropiados publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) este jueves también figuran las promotoras Coliseum Residential y Coliseum Real Estate, la inmobiliaria Coral Home, el fondo Global Pantelaria, Global Licata, Unión de Crédito Inmobiliario, Buildingcenter, Inversiones Inmobiliarias Limara y Gasolina y Gasoils Low Cost Barcelona.

El Gobierno de Baleares ha expropiado 56 casas a bancos, fondos y promotoras inmobiliarias para destinarlas a alquiler social

Por municipios, las 27 viviendas de Mallorca están situadas en Palma (11), Inca (11), Llucmajor (2), Manacor (2) y Calvià (1); las 23 de Menorca se encuentran en Ciutadella (17) y Mahón (6); y las seis de Ibiza son en Ibiza (1), Santa Eulària des Riu (2) y Sant Antoni (3).

Para los pisos de Mallorca la media del precio que el Govern pagará es de 408 euros al mes -926.000 euros en compensación por el traspaso-; en Menorca, el precio medio por estos siete años será de 336 euros mensuales -un total de 649.000 euros-; y en Ibiza es donde se pagará el precio más alto, 530 euros mensuales -266.00 euros-.

Críticas del sector inmobiliario 

El sector inmobiliario se ha pronunciado en contra de la decisión del Gobierno de Baleares de expropiar viviendas para destinarlas al alquiler social. Consideran que atenta contra el derecho a la propiedad recogido en la Constitución, y advierten de que genera incertidumbre entre los inversores. «Esta medida ya ha generado miedo. Hemos recibido llamadas de inversores nacionales y extranjeros asustados porque no saben si se les puede expropiar. Y lamentablemente les tenemos que decir que ahora existe esa posibilidad», denunciaba Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears.

Para la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) la medida es un ataque a la propiedad privada contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España. Según Asval, este tipo de medidas «generan mucho ruido pero no son efectivas y provocan siempre una reducción de la oferta de vivienda disponible». «A largo plazo perjudica al acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo que en teoría se quiere proteger».