El cártel lácteo, a juicio: Puleva, Asturiana y Senoble se juegan 16 millones desde hoy

El cártel lácteo descubierto por la CNMC en 2015 y multado con 88 millones de euros enfrenta un juicio decisivo para sus intereses. Este jueves en el juzgado mercantil número 1 de Granada continúa la batalla judicial que lleva varios años enfrentando a algunas de las principales industrias lácteas del país (Puleva, Central Lechera Asturiana, Celega y Senoble, exproveedora de Mercadona) junto con una cooperativa con sede en Peralta (Navarra).

Las grandes industrias se enfrentan a una indemnización conjunta de 16,7 millones de euros que la ganadera les reclama por haber pactado supuestamente durante años pagarles la leche por debajo del precio que tenía en el mercado. Los afectados denuncian que hubo acuerdos entre las compañías para pagar menos abusando de su posición de dominio y reclaman unas indemnizaciones cuantiosas por esta práctica no permitida: 8,6 millones de euros a Puleva, 2, 3 millones a Capsa (Central Lechera Asturiana), otros 3 millones a la cooperativa gallega Celega y finalmente 260.000 euros a Senoble, que debería hacerse cargo de la deuda de la cooperativa gallega si esta no pudiera pagarla.

Estas cifras salen de calcular el dinero que los ganaderos dejaron de ganar durante los 6 años que supuestamente duró el acuerdo anticompetitivo, en los cuales aseguran que perdieron 14,6 millones de euros, a los que habría que aplicar el interés legal hasta llegar a los citados 16,7 millones.

Se trata de un juicio en el que, sin estar directamente personada, tiene mucho interés la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ellos levantaron la liebre en 2015 con un extenso informe y una multa cuantiosa, hoy recurrida, y las demandas del despacho Gómez Acebo & Pombo se basan principalmente en las conclusiones del organismo de José María Marín Quemada. En este informe se consideraba probado que Puleva, Central Lechera Asturiana y las otras dos compañías habían cometido «intercambio de información en relación con precios, excedentes y otras estrategias comerciales», así como reparto del mercado de manera ilegal.

La CNMC había encontrado pruebas en sus investigaciones de reuniones secretas del que llamó ‘G-4’ (grupo de las 4 principales industrias lácteas del país), las empresas punteras del sector en España -Capsa, Pascual, Danone y Puleva- que durante años habrían controlado de forma ilícita el precio de la leche. Dos de ellas afrontan este caso.

A concurso de acreedores

La cooperativa SAT San Antón, a la que estas compañías dejaron fuera del circuito y que con su denuncia inició todo el proceso de investigación que llevó a la sanción de CNMC, dio concurso de acreedores después de denunciar, según aseguran después de que las empresas dejaran definitivamente de comprar su leche. Sus 17 socios renunciaron a demandas individuales y cedieron su representación en el juicio mercantil a la administradora judicial.

Ahora, sus ganaderos podrían recibir una media de casi un millón de euros por cabeza si se pagaran las indemnizaciones demandadas, que irían en consonancia con la cantidad de reses que cada uno tuviera en su explotación. Para muchos de ellos, el conflicto con la industria láctea supuso el fin de una actividad profesional que estaban realizando durante varias décadas. Pero corresponde al juez mercantil valorar si sus reclamaciones se ajustan a la ley y si abre un nuevo camino, ciertamente inexplorado en el derecho de competencia español.

Capsa se defiende, Ebro provisiona

Este periódico ha contactado con Puleva, Senoble y Capsa, tres de las industrias afectadas, pero las dos primeras no han respondido y tan solo los asturianos han emitido respuesta: «Esperamos un resultado favorable del procedimiento y del juicio que se celebrará mañana (por hoy). Tenemos recurrida la sanción impuesta por la CNMC ante la Audiencia Nacional y también esperamos un resultado favorable en dicho procedimiento del que trae causa la reclamación de SAT San Anton. Preferimos no hacer más declaraciones habida cuenta que el procedimiento se encuentra sub-iudice» ha respondido Central Lechera Asturiana.

Según fuentes internas, en Capsa han estado provisionando poco a poco durante estos últimos años para hacer frente a posibles multas. De igual modo ocurrió en Ebro Foods, propietaria de la marca Puleva hasta 2010, época en la que supuestamente se produjeron las infracciones, y que restó 5,6 millones a su beneficio en las cuentas de 2014 para hacer provisiones para pagar las multas impuestas por CNMC.

Por su parte, Puleva pertenece ahora al grupo francés Lactalis, que asumió las futuras responsabilidades judiciales por este y otros casos a partir de una determinada fecha, y que por tanto cuando adquirió la marca y sus instalaciones ya conocía estas multas que venían de camino. Las industrias afectadas intentaron separar los casos en distintos tribunales pero no pudieron evitar que todos se agruparan en la capital nazarí, sede de la mayor empresa afectada.

Cosa diferente al proveedor de Mercadona Senoble, que tenía dos fábricas de productos lácteos en Noblejas y Talavera de la Reina (provincia de Toledo) y se las traspasó al grupo norteamericano Schreiber Foods. Schreiber asegura que compró las fábricas sin hacerse cargo en absoluto de la responsabilidad de los litigios en curso, que seguirán afectando supuestamente al grupo francés que fue durante años socio de Juan Roig.

Las supermultas de CNMC, suspendidas desde 2015

Hay que tener en cuenta que, mientras este caso se dirime por lo mercantil en Granada, las multas de CNMC siguen recurridas en la Audiencia Nacional desde hace varios años y su cuantía es aún superior a la de este juicio. De salir adelante estas multas Danone tendría que pagar 23,3 millones de euros; Corporación Alimentaria Peñasanta (Asturiana) 21,8 millones; Lactalis 11,6 millones; Nestlé 10,6 millones; Puleva 10,2 millones y Pascual 8,5 millones, entre otras.

Este procedimiento, en el tribunal especial desde 2015, no tiene fecha de resolución todavía.