Bruselas multará a España con 6.300 millones si el Congreso no aprueba la reforma de Sociedades

La Comisión Europea sancionará a España con una multa de 5.000 millones de euros y la congelación de 1.325 millones de euros de fondos estructurales si el Gobierno no logra la convalidación del decreto ley que aprobará para reformar el Impuesto de Sociedades. Para que la modificación normativa del pago fraccionado del tributo sea efectiva debe ser aprobada en el Congreso y, para ello, el PP necesita el apoyo del PSOE y/o de los nacionalistas.

Las sanciones han sido avanzadas por el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que ha comparecido en el Congreso para explicar cómo piensa el Gobierno eludir el castigo de Bruselas por incumplir el objetivo de déficit público, que debe ser inferior al 4,6% del PIB este año. Para ello “es imprescindible” el citado decreto ley que respalde la reforma del Impuesto de Sociedades, que reducirá la brecha fiscal en 6.000 millones de euros en 2016 y permitirá cumplir el compromiso pactado con la Comisión Europea.

“España debe cumplir los objetivos del nuevo calendario que ha dado Bruselas todos los años hasta 2018 o se endurecerá el proceso de déficit excesivo y España se enfrentará a duras sanciones”, ha indicado De Guindos.

En concreto, ha avanzado que “antes del 8 de diciembre la Comisión impondrá una multa equivalente al 0,5% del PIB (unos 5.000 millones de euros) y aplicará una suspensión temporal de los fondos estructurales a partir de enero de 2017 por un importe aproximado de 1.350 millones”. Esta suspensión “se levantará si España demuestra que es capaz de cumplir la senda presupuestaria”.

A este respecto, el ministro de Economía en funciones ha recordado que España deberá presentar el próximo 15 de octubre un plan presupuestario que incluya la citada reforma fiscal, así como “un proyecto de cuentas públicas para 2017 en un escenario sin cambios en política fiscal”, es decir, la prórroga de los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin modificaciones.

Esto supone que será el próximo Gobierno el que deberá rebajar el déficit público del 4,6% del PIB (tasa que se cumpliría con los 6.000 millones de los ingresos extra por Sociedades, según la AIReF), hasta el 3,1% del PIB. Es decir, un ajuste de 15.000 millones de euros que deberá realizar el próximo Ejecutivo para evitar de nuevo que Bruselas prepare el paquete de sanciones. “En Europa son conscientes de que un Gobierno en funciones no puede hacer una planificación presupuestaria que comprometa al próximo Ejecutivo”, ha añadido De Guindos.