El BCE denuncia que el 80% de las ayudas públicas no va a los más vulnerables y eso aumenta la inflación

El Banco Central Europeo está muy disgustado con la política de ayudas públicas que han puesto en marcha los gobiernos para combatir la crisis porque el 80% de las mismas son indiscriminadas, no van destinadas a los colectivos más vulnerables y representan un obstáculo para el éxito de la política monetaria, neutralizando las señales de precios y consolidando la inflación.

España es un claro ejemplo de estas políticas contrarias a las recomendaciones del BCE. La bonificación por la compra de combustibles es para todo el mundo, en lugar de beneficiar a las rentas más bajas o a los transportistas y empresas cuya actividad depende del uso inevitable de vehículos. Otra clase de políticas como la revalorización de las pensiones un 8,5 el año próximo también se va a aplicar con carácter general, sin hacer distinción alguna entre las pensiones bajas y las máximas. Y lo mismo sucede con otra clase de subvenciones aprobadas por el Gobierno de Sánchez.

En opinión del BCE, la política fiscal -que incluye la decisión sobre los ingresos y los gastos destinados a proteger a los ciudadanos- no deberían contrarrestar la política monetaria en su lucha contra la inflación; ni con bajadas agresivas de impuestos ni tampoco con un gasto público excesivo que contribuya a acelerar los precios. El Ejecutivo de Sánchez, sin embargo, ha aprobado para 2023 el paquete de gasto social más alto de la historia. A juicio de la institución de Fráncfort, este camino es especialmente temerario para los países con una deuda pública elevada. La de España está cercana al 115% del PIB, la segunda más alta después de Italia.

El Ejecutivo español ha reaccionado a las críticas reiteradas tanto del BCE como del Banco de España arguyendo, entre otras cosas, que Alemania, por ejemplo, acaba de aprobar un paquete de ayudas a sus empresas por un importe de 200.000 millones. La respuesta de los medios del banco central consultados es muy clara: «el Gobierno de Berlín se lo puede permitir porque tiene una deuda del 65% sobre el PIB. Otros países, no», en referencia tácita al nuestro.

El BCE presenta este miércoles en Fráncfort su informe de estabilidad financiera. En él insistirá en la necesidad de anclar la inflación en el objetivo del 2% lo antes posible, una cota que todavía parece muy lejana de los niveles actuales. De hecho, la Comisión Europea prevé una media anual del 6% para 2023, lo que exigirá seguir subiendo los tipos de interés. «Lo contrario sería arriesgarse a una pérdida alarmante de credibilidad y a una divergencia notable con la política de la Reserva Federal de Estados Unidos en perjuicio también del tipo de cambio del euro con el dólar, que en estos momentos está igualmente teniendo un efecto inflacionista», apuntan las fuentes consultadas.

El BCE refutará al mismo tiempo en el informe de estabilidad financiera que la inflación sea simplemente de oferta, que es el pretexto que utilizan los partidarios de una política monetaria blanda y críticos con los llamados ‘halcones’. A su juicio, la inflación no sólo se debe al encarecimiento de la energía o de los alimentos provocado por la guerra de Ucrania, sino que afecta por igual a los servicios, como se ha visto con la subida de los precios del turismo. De hecho, esto es lo que explica que la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos- esté en cotas muy elevadas. En España, por ejemplo, se sitúa en el 6%.

En esta estrategia de combatir la inflación, la táctica de algunos gobiernos -el español es destacadamente uno de ellos- de conceder subvenciones generalizadas tiene el efecto perverso de esconder las subidas de precios, impidiendo que los agentes económicos se adapten a la nueva situación y se comporten como si nada estuviera sucediendo, lo que disipa los efectos de la política monetaria y tiene consecuencias contrarias a las perseguidas, pues tiende a provocar que las subidas de tipos de interés sean más intensas y duraderas.