El BCE avisa a España: debería recortar sus gastos en cuanto deje de comprar bonos por 30.000 millones

España debería tener un plan para reordenar el presupuesto público y contener los gastos del Estado en cuanto el Banco Central Europeo ya no renueve parte de los bonos públicos en su poder. A partir de marzo, el BCE dejará de comprar 30.000 millones de deuda del Estado español que tiene en su cartera. La consecuencia directa es que el Gobierno de Sánchez deberá buscar financiación en el mercado, que desde hace un tiempo se cotiza a tipos de interés más altos. En concreto, desde que la institución de Fráncfort decidió endurecer su política monetaria a partir de julio de 2022.

Desde entonces, el BCE ha aprobado dos subidas consecutivas del 0,75% de los tipos de interés y en diciembre aplicó otra del 0,5 puntos. Actualmente, el tipo de interés oficial del dinero está en el 2,5%, pero la presidente de la entidad, Christine Lagarde, ya ha anunciado que las subidas seguirán ininterrumpidamente al menos hasta junio próximo a fin de reconducir la inflación hasta el 2%, que es el objetivo fundacional del banco.

Adicionalmente, en diciembre el banco central aprobó una decisión trascendental, que fue el inicio de la descongestión de su balance, es decir, la reducción de la cartera de deuda pública de todos los estados de la Unión que tiene en su poder, y que sobrepasa los cuatro billones. Este pasivo se ha ido acumulando a lo largo de los últimos tiempos con motivo de la crisis provocada por la pandemia, y después por el choque económico causado por la guerra de Ucrania. Pero ha llegado a niveles explosivos que recomiendan aligerarla.

La decisión adoptada en diciembre pasado es que la cartera de bonos públicos adquiridos progresivamente por el banco se reducirá entre un 30% y un 35% a partir de marzo y hasta finales del ejercicio. Esto representa un desafío para los países más endeudados como España, Italia, Portugal y Grecia, que a partir de ahora deberán buscar financiación en el mercado y por tanto a un coste más elevado.

Según el Banco de España, la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en noviembre hasta el máximo histórico de 1,506 billones de euros, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al mes anterior y del 5,6% en tasa interanual: 79.227 millones más en un año. En relación al PIB, la deuda se mantiene en el 116% gracias al crecimiento de la economía, pero supera el objetivo del Gobierno para todo el año del 115,2%. Eso se traduce en que el Tesoro tiene que pagar cada vez intereses más altos para que los inversores compren la deuda española, lo que crea un efecto bola de nieve: más gasto financiero, que eleva aún más el déficit, que a su vez tiene que financiarse con más deuda.

Aunque el BCE no se ha dirigido explícitamente a ninguno de los gobiernos de la zona euro, los hechos son más que evidentes, explican las fuentes consultadas por OKDIARIO. «Tendrán que ser mucho más disciplinados y exigentes que hasta ahora», aseguran. Aunque el banco central se cuida mucho de inmiscuirse en las decisiones de los estados miembros, lleva tiempo reclamando explícitamente, a través de Lagarde y del vicepresidente Luis de Guindos, que las políticas fiscales nacionales deben ser ¨solidarias¨ con la estrategia diseñada para reprimir la inflación de manera contundente. O dicho de otra manera, que están más exigidos que nunca para controlar sus gastos y no incurrir en una expansión presupuestaria como la que ha protagonizado el Ejecutivo de Sánchez en el presente ejercicio.

La correa de transmisión del BCE son los bancos centrales de los países miembros que forman parte de su consejo de gobierno. Y de hecho, el Banco de España lleva tiempo reclamando al Gobierno de Sánchez que presente un plan de consolidación fiscal a medio plazo, es decir, un programa de ajuste de las cuentas públicas que incluya una senda clara y consistente de reducción del déficit y consiguientemente de la deuda pública. Hasta ahora, sin éxito, por cierto.

Esta misma reivindicación es común a todos los analistas internacionales y servicios de estudios españoles, que llevan tiempo avisando a los responsables del Ejecutivo de la senda insostenible del gasto, y de algunas de las medidas adoptadas recientemente, como la subida de las pensiones de un 8,5%.