El Banco de España cree que la subida del salario mínimo puede destruir los empleos menos productivos

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este miércoles en el Congreso del «significativo» riesgo de pérdida de puestos de trabajo por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en trabajadores con un menor nivel de productividad.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Empresa, Hernández de Cos, a la que ha acudido para explicar el ‘Informe anual’ de la institución que gobierna, ha apuntado al impacto de esta medida en colectivos como el de los más jóvenes y de mayor edad con menor formación, con una tasa de paro «aún muy elevada».

Por ello, el gobernador del Banco de España ha reclamado que el nivel del salario mínimo y sus incrementos anuales «deberían diseñarse teniendo en cuenta la productividad de los trabajadores afectados y su grado de empleabilidad si se quieren evitar efectos no deseados, en forma de pérdida de empleo y aumento de la desigualdad».

En este sentido, si bien ha subrayado la disparidad de resultados al analizar los efectos de las últimas subidas del salario mínimo, ha dicho que «en general tiende a identificarse que el aumento del salario mínimo tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía».

Abordar la temporalidad

Por otro lado, ha apostado por que los futuros cambios en el mercado laboral aborden la reducción de la temporalidad y una rotación contractual que considera «excesiva». Y es que el gobernador del Banco de España ha destacado «la elevada parcialidad involuntaria y la corta duración de los contratos», que afecta a la calidad del empleo, pero también a las mejoras en la productividad.

Así, pese a destacar el «elevado ritmo de creación de empleo», ha alertado de que «el desempleo sigue siendo muy elevado, especialmente en determinados colectivos, como los trabajadores con menor formación, que presentan una tasa de paro que supera el 25%».

Asimismo, Hernández de Cos ha pedido «impulsar una evaluación de las políticas activas» de empleo con el fin de «focalizar los recursos en aquellas acciones que sean más efectivas de cara a aumentar la empleabilidad».