La Abogacía del Estado rechaza las peticiones de Elpidio Silva en su demanda contra las VTC

La segunda de las acciones legales que el abogado y ex juez Elpidio José Silva presentó contra Uber, Cabify y muchas de las empresas propietarias de licencias VTC recibe nuevos reveses que hacen presagiar un recorrido judicial poco exitoso. Según un escrito al juzgado de lo mercantil de Madrid al que ha tenido acceso este periódico, la Abogacía del Estado considera que la demanda contiene errores en fondo y forma, y rechaza una de las peticiones que hacían los demandantes para que se incorporara al Ministerio de Fomento al procedimiento.

Además, exige que las costas procesales sean pagadas por los demandantes.

En cuanto a los temas formales, los abogados del Estado opinan que la petición de Silva para que Fomento entrara como interesada en el procedimiento junto con las empresas de VTC aunque no estuviera demandada no tiene sentido. Dado que los demandantes pidieron la anulación de licencias VTC que fueron concedidas por el Ministerio, esto afectaría directamente a la administración, que debería de entrar como demandada.

Es decir, consideran los abogados del Estado que Elpidio Silva ha pedido el concurso de la administración como parte demandada pero bajo la fórmula de parte no demandada, y que esto «no se corresponde en absoluto con la pretensión». Por tanto aquí habría un primer error formal.

No es la jurisdicción

Pero también hay una segunda parte dentro de la respuesta de Abogacía del Estado que rechaza la petición de los taxistas representados por la Plataforma Integral del Taxi (PIT), y de nuevo niega a Silva y su equipo que Fomento tenga que participar.

El motivo es que la jurisdicción civil, indicada para dirimir litigios entre sociedades, no es adecuada dado que «es competencia exclusiva del orden jurisdiccional contencioso administrativo».

Dado que el Elpidio Silva Abogados solicitaba la anulación de las licencias, que son concedidas por la administración, a través de actos administrativos, pero en el orden mercantil, la Abogacía del Estado deja claro que el tribunal mercantil «no es competente» y desmonta una de las intenciones de la demanda que era implicar también a la administración junto con las empresas.

Querella perdida

Elpidio José Silva consiguió reunir a varios cientos de taxistas (2.000 según los datos facilitados por su propio bufete) para realizar dos acciones contra lo que considera una ‘trama’ de las VTC, Uber y Cabify. En la querella, adelantada por este periódico, Silva calificaba a este grupo de empresas de «trama patológica» pero no argumentó debidamente sus indicios de delitos y fue vapuleado por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón por no haberse «molestado siquiera en concretar los importes».

El caso se archivó y la PIT ha recurrido.

En la demanda por competencia desleal, de un carácter más complejo y redactada de una forma más técnica que la querella, ya se han recibido muchas de las contestaciones por parte de las demandadas, empresas como Ares, Gesstaxi, Moove Cars, Cibeles Comfort Cars y las propias Uber y Cabify.

Aquí presentamos el documento de Abogacía del Estado.

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