Los 500.000 afectados por Fórum Filatélico presionan a Garzón: «Nos dijo que nos ayudaría»

• Natalia Mateos @NataliaMateosMg
• Periodista y redactora de economía en OKDIARIO. Tras tres años escribiendo sobre turismo y sus empresas, ahora estoy descubriendo el mundo de la distribución y el retail. Antes en el Palacio de la Bolsa y Cadena Cope. De Zamora y del Zamora.
• • 30/01/2020 04:57
  • Actualizado: 30/01/2020 04:57

La Agrupación Nacional de Víctimas por la Intervención de Fórum y Afinsa (ANVIFA) se ha personado ante el Parlamento Europeo para solicitar que se inste a las instituciones españolas, y concretamente al Ministerio de Consumo, a tomar medidas para indemnizar a los afectados por la intervención de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles.

Desde la Agrupación han destacado que siempre han contado con el apoyo de Alberto Garzón, actual ministro de Consumo. «Cuando nos hemos reunido con él, hace más de un año cuando todavía era el líder de Izquierda Unida (IU), se mostró muy sensible con nuestra situación y dispuesto a solucionar el problema que han vivido tantos consumidores. Él también vio injusto el trato dado a estas 500.000 personas por parte de la Secretaría de economía del Congreso», ha remarcado a OKDIARIO Rafael Sánchez, representante de la agrupación.

Tras la intervención de los afectados en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, presidenta de la comisión de Peticiones anunció que «se enviará una carta a las autoridades españolas para que reflexionen, para presionar (sobre) cómo se puede resarcir este gran daño que tantos ciudadanos de España, Portugal y Francia han sufrido». La agrupación Anfiva también instó a Bruselas para que se intervenga e investigue, con el objetivo de facilitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, por la falta de aplicación de la legislación.

«Nos hemos visto traicionados muchas veces, esperamos que esta vez no ocurra»

Desde Anfiva reclaman al Gobierno una decisión firme, que aclare si estas empresas se trataban de compañías financieras, y debían estar bajo la supervisión del Banco Central, o si se trataban de sociedades mercantiles, en cuyo caso no tendrían que haber sido intervenidas. Y es que ambas compañías funcionaron durante 27 años como una entidad bancaria sin estar sometidas a su legislación.

El problema actual es que existen dos sentencias diferentes y contradictorias, una del 2010 que establece que las empresas eran sociedades mercantiles, y otra sentencia emitida por la Sala de lo Penal en 2017, que resolvió que si eran entidades financieras. «Nuestro problema es que no tenemos claro qué reclamar porque no sabemos qué sentencia hay que creer», destaca Rafael Sánchez. «Nosotros esperamos una respuesta firme por parte de las instituciones españolas, que nos aclaren a qué tenemos que atenernos», concluye el representante de Anfiva.