Paradores pelea con la Generalitat para que retire una bandera independentista del centro de Cardona

De momento, Paradores ha obtenido una pequeña victoria y este miércoles la Agencia Catalana de Patrimonio ha retirado la bandera independentista de la torre. Pero esto ya ha ocurrido otras veces y al día siguiente ha vuelto a aparecer, según las fuentes consultadas.

La torre Minyona, de origen medieval del siglo XI, pertenece a la Generalitat de Cataluña pero está dentro del complejo del parador de Cardona, empresa pública dependiente del Ministerio de Economía y presidida por Ángeles Alarcó.

La batalla por la estelada dura ya semanas. Lo normal es que en la torre -‘doncella’ en castellano- ondeara una bandera catalana oficial. Sin embargo, en septiembre pasado apareció la independentista.

Cuando aparece, desde Paradores se solicita a la Agencia Catalana de Patrimonio y al alcalde de Cardona, Ferrán Estruch, de ERC, que retiren la estelada para evitar problemas con sus clientes. «La relación con él es excelente», aseguran en la compañía pública.

Retirada y vuelta a aparecer

Así sucedió hace un mes, cuando tras la queja realizada por la dirección del parador los representantes de la Generalitat accedieron a retirarla. Sin embargo, al día siguiente apareció de nuevo en lo alto de la torre Minyona otra estelada.

En este caso, la bandera no parecía oficial, nueva, propia de la Generalitat, sino más gastada y, al parecer, puesta por simpatizantes independentistas. De nuevo, desde el parador se solicitó al alcalde de Cardona y a la Generalitat que se retirara.

Finalmente en la mañana de este miércoles se ha retirado por parte de la Agencia Catalana de Patrimonio. Las fuentes consultadas aseguran que todos los meses funcionarios de esta Agencia revisan todos los monumentos dependientes de la Generalitat por si hay algún destrozo.

En esa revisión es cuando se ha procedido a retirarla, aunque llevaba allí semanas.

Pasado del alcalde de Cardona

El alcalde de Cardona, Ferrán Estruch, se dio a conocer públicamente en el conjunto de España en julio de 2016 por su decisión de pedir a la policía local que no multara a una mujer independentista que había colocado la pegatina CAT en la matrícula de su coche tapando la ‘E’ de España.