El impacto económico

El ‘procés’ se juega 471 millones y 15.000 empleos que genera el MWC

Mobile World Congress
Mobile World Congress 2018.

Este lunes arranca una la decimotercera edición del Barcelona Mobile World Congress. Se trata de una de las mayores ferias que acoge nuestro país, no sólo por el volumen de asistentes, sino por su impacto económico. La organización calcula que este año la Ciudad Condal recibirá cerca de 471 millones de euros. Un dinero que podría pender de un hilo si continúa la inestabilidad política.

Según la GSMA, la asociación de operadores organizadora, el evento cuenta aproximadamente con 2.300 empresas expositoras, más de 170 delegaciones internacionales y crearán 13.000 empleos temporales.

A pesar de las cifras esperanzadores, este año los hoteles de Barcelona no van a poder colgar el cartel de ‘completo’ con la celebración del Mobile. Asimismo se han visto obligados a rebajar un 20% los precios con respecto al año pasado. Algo casi inédito.

Tal y como adelantaba OKDIARIO, los responsables de GSMA han expresado su preocupación por la situación política en Cataluña. Cada vez son más las voces que apuntan a un cambio de destino si las instituciones no reconducen la situación.

Alertas de las agencias de calificación

Tras las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, la agencia de medición de riesgos Moody’s advertía que el resultado de los comicios “es negativo para el crecimiento de la economía española”.

La agencia de calificación española Axesor asegura que “la economía española experimentará una paulatina desaceleración en los próximos trimestres, que la llevará a registrar un avance del 2,5% en 2018, más de medio punto porcentual por debajo del crecimiento con el que cerrará 2017”.

En su informe resaltan que tras el 21-D , “la cuestión catalana sigue sin resolverse”. Advierte que de no resolverse este escenario,  “se podría generar un riesgo real de una mayor inestabilidad financiera y económica“.

El impacto del golpe independentista ha provocado que 3.208 empresas hayan decidido trasladar su sede social o fiscal a otros puntos de la geografía española desde el referéndum ilegal del 1 de octubre. La situación no es atractiva para inversores o empresarios y el escenario merma los negocios.

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