El Colegio de Economistas cree que el triunfo de los separatistas destruiría 200.000 empleos en toda España

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Varias personas hacen cola en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. (Foto: Agencias)
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El escenario que se dibuja tras las elecciones autonómicas catalanas dejan poco margen a la estabilidad económica, no sólo en Cataluña sino en toda España.  Según los cálculos que maneja el Colegio de Economistas, 200.000 puestos de trabajo están en el aire si en Cataluña continúa  este escenario de incertidumbre, inseguridad fiscal y jurídica.

En el informe su informe prevén que  “lo más probable, si se produce una recuperación progresiva de la confianza (reducción de la incertidumbre) a lo largo de 2018, es que el impacto sea del orden de medio punto de menor crecimiento del PIB para el conjunto de la economía española (algo menos de 100.000 puestos de trabajo), efectos que podrían duplicarse si se mantiene la incertidumbre“.

La dilatación de estas tensiones territoriales y de la coyuntura política supone “uno de los elementos que podría terminar generando efectos adversos económicos durante los próximos trimestres”, según los datos con los que trabaja el Colegio de Economistas.

El dato de paro en Cataluña registra la mayor subida desde el año 2009, mientras baja en el resto de España

Unas cifras devastadoras para una comunidad autónoma donde el dato de paro en noviembre tuvo su mayor subida desde el año 2009, con un total de 422.462 desempleados, mientras en el resto de España bajaba.

A todo ello habría que sumar el goteo constante de empresas que, desde el golpe independentista del 1 de octubre, han decidido trasladar su sede fiscal o social a otros puntos de la geografía española.

Los efectos de la fuga de empresas catalanas están siendo demoledores, no sólo para la imagen de cara a posibles inversores, sino en términos de recaudación por el Impuesto de Sociedades. El 21% de la recaudación nacional por este gravámen proceden de Cataluña.

Hasta la fecha 3.120 empresas, algunas multinacionales, han decidido trasladar su sede fiscal o social a otros puntos de España. Un éxodo por el que Cataluña ingresará 2.600 millones de euros menos.

Sólo 40 de las esas más de 3.000 empresas generan una recaudación de 2.100 millones de euros y suponen cerca del 5,8% del PIB catalán.  Como el impuesto de Sociedades es de gestión estatal, el cambio de sede social que también haya implicado un cambio de domicilio fiscal no tiene ningún impacto fiscal para una Cataluña dentro de España, al margen de la merma de ingresos que suponen impuestos como Actos Jurídicos Documentados o tributos locales como Actividades Económicas.

Pese a ello, la recepción de ingresos de Cataluña sí depende de la reasignación de fondos que realiza el Gobierno en base, precisamente, a la actividad económica de cada una de las regiones. Como consecuencia, Cataluña se verá obligada a depender cada vez más del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Cuando, sobretodo, el la región española que  más recate recibe a través del FLA, hasta el momento 68.500 millones de euros.

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