Andorra se enfrenta a Cataluña por considerar que todas sus empresas son evasores fiscales

Andorra transmitirá en los próximos días su profundo malestar con dos resoluciones del Parlament de Cataluña. La primera de estas resoluciones insta al gobierno de Puigdemont a impedir que toda empresa que realice operaciones financieras contrarias a la normativa tributaria de estados como Andorra -considerado por la Unión Europea como paraíso fiscal- no puedan acceder a contratos públicos.

Hablamos de una resolución que la cámara catalana aprobó el pasado mes de octubre y que cita literalmente al Principado de Andorra. La CUP, que presentó la determinación, pide a Puigdemont que no conceda contratos públicos a empresas que hagan operaciones financieras “contrarias a la normativa tributaria en países que no tienen normas sobre el control de capitales y son considerados paraísos fiscales por la UE, como Andorra o Mónaco».

Demócratas por Andorra, el partido que gobierna en el Principado, cree que estas restricciones afectarán de lleno a toda empresa andorrana que quiera licitar en Cataluña. Según cuenta el diario digital Eltriangle.eu, Andorra, con la boca pequeña, explica que “se trata de una revancha de los dirigentes políticos catalanes ante el hecho de que las autoridades andorranas no se hayan pronunciado públicamente y, de manera firme, en favor del proceso catalán”.

Y es que Andorra no entiende que la Generalitat adopte este tipo de decisión, y menos aún si se tienen en cuenta que los pasos que el país de los Pirineos ha hecho en materia de transparencia y cooperación bancaria internacional. Más aún cuando hay firmado un Convenio de No Doble Imposición (CDI) con el estado Español que homologa fiscalmente este país.

La segunda resolución que ha levantado polvareda es una por la cual la cámara legislativa catalana prohíbe la entrega de premios y distinciones deportivas y culturales a personas que lleven a cabo la mayor parte de la actividad en Cataluña, pero que residan en Andorra, Mónaco u otros paraísos fiscales. Según ha informado RTVA, el gabinete andorrano se pronunciará en breve plazo y responderá tanto a la Generalitat como al Parlament sobre la cuestión.