Ferroglobe, salpicada por la implicación de López Madrid en la financiación ilegal del PP

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Javier López Madrid (a la derecha) junto a Alan Kastenbaum, presidente de Ferroglobe; y Juan Miguel Villar Mir.

Los escándalos de corrupción van ligados a la figura de Javier López Madrid, empresario español yerno de Juan Miguel Villar Mir y que ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de Ferroglobe, la empresa resultante tras la fusión de FerroAtlántica (Grupo Villar Mir) y la estadounidense Globe Specialty Metals. Tras su implicación en el caso de las tarjetas black de Cajamadrid, ahora existen indicios de su participación en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado el domicilio de López Madrid en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez Eloy Velasco en el “caso Púnica”.

Ferroglobe es el grupo líder mundial en la producción de silicio y metales especiales y está valorado en unos 2.700 millones de euros, con fábricas en los cinco continentes. Sus títulos cotizan en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York.

Antes de ser nombrado vicepresidente ejecutivo de la compañía, López Madrid ya tuvo que enfrentarse a algunos opositores en el consejo de administración por su implicación en el citado caso de las tarjetas black, así como por el acoso sexual al que sometió presuntamente a la doctora Elisa Pinto, que terminó con una agresión con arma blanca, según denunció la víctima.

Estos escándalos provocaron que López Madrid no pudiera acceder al puesto de presidente o consejero delegado de Ferroglobe, ya que la sociedad del Grupo Villar Mir que participó en la fusión tiene el 57% del capital de la nueva empresa. De hecho, el propio López Madrid fue el encargado de gestionar el proceso de concentración con la compañía norteamericana.

Según confirman fuentes financieras, la implicación de López Madrid en la presunta financiación ilegal del PP le puede pasar factura en Ferroglobe, “ya que en Estados Unidos no sucede como en España, y se exigen dimisiones para mantener el buen nombre de las compañías y dar ejemplo de transparencia, especialmente en el caso de las cotizadas”.

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