Piqué citado a declarar como imputado el 14 de marzo por el ‘caso Supercopa’

La juez Delia Rodrigo ha citado al ex futbolista Gerard Piqué a declarar como imputado el próximo 14 de marzo a las 9:30 de la mañana en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. La investigación judicial se centra en el contrato firmado en diciembre de 2020 entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y SELA, la empresa pública saudí, que incluía una prórroga de cuatro años y una controvertida comisión para un «tercer agente».
Según los documentos judiciales, el acuerdo supondría ingresos de 400 millones de euros para la RFEF y 40 millones para Kosmos, la empresa de Piqué. La juez ha señalado como punto crítico que Piqué era jugador en activo del FC Barcelona en el momento de la firma, lo que podría constituir un potencial conflicto de intereses.

El ex futbolista tendrá la oportunidad de explicar su versión de los hechos y defenderse de las acusaciones que apuntan a posibles irregularidades en la negociación y adjudicación del contrato de la Supercopa. La citación judicial representa un paso más en la investigación para esclarecer las circunstancias del traslado de la Supercopa a Arabia Saudí y las comisiones asociadas a este movimiento.

Este nuevo capítulo se suma a la investigación más amplia sobre la gestión de Luis Rubiales al frente de la Federación, que ya culminó con su dimisión tras el controvertido incidente en forma de beso tras la final del Mundial femenino de 2023 en Australia.

No habrá macrocausa

Por otra parte, otra novedad reciente es que la Audiencia Provincial de Madrid ha descartado enviar el caso Supercopa a la Audiencia Nacional. Ha avalado la decisión de la instructora y ha recordado que no ha constado que los delitos investigados hayan afectado a la economía nacional.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, ha dado la razón así a la magistrada instructora que ya en junio de 2024 había descartado enviar la causa a la Audiencia Nacional tal y como ha pedido LaLiga, dirigida por Javier Tebas. Ahora, la Sección Segunda con ponencia del magistrado Francisco Javier Martínez Derqui ha subrayado que «no ha constado en qué modo los delitos que son objeto de instrucción –corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales– puedan haber afectado a la economía nacional, sin perjuicio del quebranto que pudieran haber causado a las entidades perjudicadas por estos delitos».
De hecho, ya en junio, Rodrigo, en línea con lo esgrimido por la Fiscalía, ha considerado que «no están suficientemente acreditados los extremos» que justificarían la competencia del citado tribunal, la Audiencia Nacional. Ha apuntado que el contrato de la Supercopa se habría rubricado en la sede de la RFEF en Las Rozas y que «el entramado societario descubierto a raíz de la investigación inicial evidencia que la contratación de la empresa Gruconsa» para realizar las obras del estadio de La Cartuja (Sevilla) también se «ha gestionado desde la sede de dicho organismo».
Pero, además, la magistrada ha explicado que ha estado pendiente todavía de determinar «el importe patrimonial defraudado», añadiendo además que la mayor parte de los investigados viven en Madrid. «Por lo que en este momento procesal se ha considerado desestimar la declinatoria de competencia promovida por la representación procesal de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, confirmando la competencia del presente Juzgado para el conocimiento de los hechos objeto del presente procedimiento», ha concluido.
Cabe recordar que, en el marco de la causa, la magistrada ya ha interrogado al expresidente de la RFEF Luis Rubiales, el principal investigado en la causa, por su gestión entre 2018 y 2023, con el foco puesto en el traslado de la Supercopa y en el presunto desvío de fondos e irregularidades asociadas a contratos. Aquel día, Rubiales negó las irregularidades que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción en el procedimiento que se ha seguido en su contra por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.