El juez que investigaba a José Luis Sáez se enfrenta a 15 años de suspensión por prevaricación y revelación de secretos
El juez Juan Antonio Toro podría ser inhabilitado durante 15 años tras presuntamente haber prevaricado y revelado secretos en la investigación contra José Luis Sáez.
El Consejo General del Poder Judicial ha comenzado los trámites para suspender de forma provisional al magistrado Juan Antonio Toro, que será juzgado por prevaricación y revelación de secretos en su investigación al expresidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez.
La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado esta decisión a raíz del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se acordaba la apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Provincial de Madrid, y ha acordado dar traslado al fiscal y al juez afectado para formular sus alegaciones.
En esta causa, el fiscal solicita una condena de inhabilitación especial de 15 años para Toro, magistrado señalado también por, supuestamente, haber ofrecido ayuda al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar apenas una semana antes de que fuera detenido en el marco de la operación Soule.
En concreto, pide 15 años de inhabilitación y 5.400 euros de multa por un delito de prevaricación y de suspensión de empleo durante dos años y 4.500 euros de multa por otro de revelación de secretos.
En un comunicado, el CGPJ hace referencia al reglamento de la carrera judicial, que establece que se podrá suspender cautelarmente a los jueces contra los que se dirija un procedimiento por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones si se dicta apertura de juicio oral contra ellos.
En este caso, los hechos que se le imputan ocurrieron cuando Toro era titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, desde el que investigó presuntas irregularidades del equipo de José Luis Sáez al frente de la Federación de Baloncesto a raíz de una auditoría del Consejo Superior de Deportes (CSD) cuando lo presidía Miguel Cardenal.
Toro, que ahora es magistrado de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, autorizó en 2017 entregar una copia de las diligencias al expresidente de la Federación Española de Tenis (FET) José Luis Escañuela, que había sido inhabilitado tras otra investigación del CSD.
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