Bartomeu pide al juez del ‘caso Negreira’ que no le investigue por cohecho

La defensa del ex presidente del Barça Josep Maria Bartomeu ha pedido que se anule un auto judicial en el que el magistrado del caso Negreira califica como posible cohecho la relación entre el ex árbitro José María Enríquez Negreira y el equipo de fútbol catalán. En un escrito de 16 páginas consultado por OKDIARIO, el abogado de ex directivo culé señala: «El auto no especifica las razones por las que el magistrado instructor decide ese cambio, pero cabe suponer que lo es debido al nulo resultado de la investigación, dirigida a demostrar que algún árbitro fue influenciado por Negreira. La manifiesta carencia probatoria parece haber llevado a la necesidad de modificar la calificación para poder mantener viva la causa».

Los pagos de más de 7 millones de euros en casi 20 años al árbitro que investiga Joaquín Aguirre se justifica, dice el entorno de Bartomeu, por «el asesoramiento que prestaba un árbitro jubilado», «no hay más prueba».

Por otra parte, se agrega que «ni los denunciantes ni los comparecientes han podido aportar prueba alguna, ni las indagaciones policiales han conseguido dar con el menor rastro probatorio que diera sustento de esa ideal inicial de la existencia de un delito de corrupción en el deporte».

Bartomeu sostiene que «el paso de los meses va haciendo cada vez más patente la realidad de que en la presente causa no hay ni puede haber objeto del proceso, pues la realidad de una relación contractual entre el FC Barcelona y las empresas de los señores Enríquez [Negreira] es lo único que subsiste desde el primer momento». Resalta que los árbitros coetáneos del principal protagonista del caso «han declarado públicamente que dicho señor carecía totalmente de poder para realizar ninguno de los actos que se le atribuían, especialmente por los medios de comunicación y que su influencia en la designación de árbitros o cualquier otra era inexistente».

Por otra parte, el escrito insiste en que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no es una entidad pública y que sus trabajadores, al igual que los árbitros, no pueden ser considerados funcionarios. Aporta varios argumentos como que no se considera una agresión a un funcionario, «aspecto que carece de sentido», o que los títulos que emite son «de acuerdo a la UEFA y FIFA, no el Ministerio de Educación». Igualmente, se recuerda que las federaciones tiene un «tribunal deportivo propio, el TAD en España y el TAS internacional» y que Luis Rubiales ha sido cesado por la FIFA y no por el Gobierno de España.

«El delito de cohecho debe aplicarse cuando la Administración Pública (funcionario o autoridad pública) no respeta la legislación ni los principios propios del Derecho», se puntualiza en el documento fechado este 3 de octubre y remitido al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona.