El fiscal señala a La Fábrica de la Tele como «responsable» de más de cien casos de espionaje ilegal

Este miércoles 29 de abril, la Fiscalía Provincial de Madrid ha emitido un escrito que detalla los resultados de una investigación sobre la red de espionaje ilegal a 142 famosos que operó entre 2009 y 2018 y que servía para dar informaciones y contenido a, entre otros, el desaparecido programa de Telecinco Sálvame, producido por la empresa La Fábrica de la Tele. El paparazi Gustavo González está en el centro de esta trama, quien colaboraba con dos miembros de la Policía Nacional. La Fiscalía pide para él 447 años de prisión, estableciendo, no obstante, el límite legal de tres veces la pena más alta por un delito continuado, por lo que podría ser condenado a 15 años.

La investigación dictamina que, durante casi una década, Gustavo utilizó, supuestamente, sus contactos con dos miembros de la Policía para que le dieran información privada, obteniéndola de forma ilegal, sobre personajes conocidos con fines lucrativos y económicos.

Los acusados

La fiscalía acusa directamente a tres individuos. El primero de ellos, Ángel Jesús Fernández Hita, policía nacional destinado en Madrid, al que se le acusa de aprovechar su cargo para acceder a bases de datos restringidas sin justificación laboral y extraer información confidencial entre 2009 y 2018.

El segundo acusado es Iván Caveda Valle, también Policía Nacional en Madrid, acusado de colaborar en la obtención de datos específicos.

Y por último, Gustavo González González, periodista y colaborador de televisión (conocido por el programa Sálvame y la revista Rumore). Se le acusa de solicitar la información a los policías para lucrarse con ella, ya sea difundiéndola en medios o usándola para investigaciones privadas.

Las empresas La Fábrica de la Tele SL (productora de Sálvame) y Zoom Ediciones SLU (revista Rumore) son señaladas como responsables civiles subsidiarias. Esto significa que, si los acusados no pueden pagar las indemnizaciones, estas empresas deberán hacerse cargo.

Los delitos y la investigación

La investigación comenzó en 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía detectó que en el programa Sálvame se daban detalles muy precisos de un atestado policial sobre José Fernando Ortega Mohedano hijo de José Ortega Cano y la cantante Rocío Jurado. Al rastrear quién había consultado esos archivos, llegaron al agente Fernández Hita.

El policía Fernández Hita entraba en bases de datos como SIDENPOL (denuncias), ARGOS (antecedentes) u OBJETOS (datos de vehículos y multas).
Según el documento de la Fiscalía, Hita extraía desde fichas policiales y fotografías hasta direcciones, teléfonos, antecedentes penales y datos de familiares, incluyendo en ocasiones información sobre menores de edad.

La información se entregaba a Gustavo González. Este, supuestamente, la compartía con la productora de televisión para elaborar contenidos del programa Sálvame, para realizar artículos en revistas o incluso para presionar a personas para que colaboraran con él.

Famosos afectados

La Fiscalía ha identificado a 142 víctimas cuyos datos privados (matrículas, antecedentes, altercados, atestados, direcciones…) fueron consultados ilegalmente. El texto detalla qué días y a qué horas se accedió a la base de datos de la Policía para buscar información.

Entre las víctimas encontramos nombres famosos como los siguientes:José Fernando Ortega Mohedano (hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado), Ana Allen, Isabel Pantoja, Isa Pantoja, Kiko Rivera,  Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente,, Maite Galdeano, Saray Montoya, Omar Montes, Karmele Marchante, Arantxa Sánchez Vicario, Belén Esteban, Rosa Benito, Ivonne Reyes, Álvaro Muñoz Escassi, Diego Matamoros, Koto Matamoros, Kiko Matamoros, Julián Muñoz, Mayte Zaldívar, Aída Nízar, Alex Casademunt, Aramis Fuster, Carlos Navarro «El Yoyas», Fayna Bethencourt o Alfredo Di Stéfano.

Pena solicitada para Gustavo González

La Fiscalía considera que estos hechos encajan en múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Debido a la gravedad y la cantidad de personas afectadas, las penas solicitadas son muy elevadas.

Para Gustavo González se piden «tres años de prisión por cada uno de los 5 delitos» de descubrimiento y revelación de secretos, de los artículos 197.2 y 3 del Código Penal, y se le pide «5 años de prisión por cada uno de los 33 delitos «de descubrimiento y revelación de secretos de los artículos 197.2, 3 y 6 del Código Penal.

Y por último, la Fiscalía pide para Gustavo 3 años de prisión por cada uno de los 89 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En total se piden para Gustavo González 447 años de prisión, aunque, de ser condenado, la pena máxima sería de 15 años.

Penas para el resto de acusados

A Ángel Jesús Fernández Hita se le imputan un total de 142 delitos. La Fiscalía pide penas que suman cientos de años de prisión (aunque el cumplimiento efectivo máximo está limitado por ley) e inhabilitación absoluta (perder su condición de policía).

A Iván Caveda Valles se le imputan 4 delitos, solicitando 4 años de prisión por cada uno e inhabilitación.