Comunidad Valenciana
DINERO PÚBLICO

Sánchez asfixia también a las diputaciones: Alicante y Castellón reclaman al Gobierno 150 millones

La Diputación de Alicante cifra en 50 millones el perjuicio por un reparto de los tributos del Estado con datos obsoletos

La Diputación de Castellón considera que está perdiendo 105 millones de € también del reparto del Estado

La asfixia económica del Gobierno de Sánchez no se limita a la Generalitat. Dos de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana, Alicante y Castellón, reclaman ya abiertamente al Ejecutivo más de 150 millones de euros. Además, la Diputación de Alicante reclama también que poder utilizar los cerca de 250 millones de euros que tiene en los bancos para afrontar distintas iniciativas. Mientras Sánchez anuncia a bombo y plantillo 48 millones para gafas, cientos de ayuntamientos se ahogan porque las continuas prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 están generando una situación crítica. Sólo en la provincia de Castellón, la presidenta de la Diputación Marta Barrachina ha denunciado que el Estado adeuda 221 millones de euros a los ayuntamientos de aquella provincia desde hace dos años. Y, de ese dinero, la propia Diputación está perdiendo 105  millones desde 2023 hasta abril de 2025.

En el caso de la Diputación de Alicante, su presidente, el popular Toni Pérez, ha cifrado en 50 millones de euros el «hachazo» que parta las arcas de la institución supone que las entregas a cuenta por la participación de los tributos del Estado se realicen teniendo en cuenta los datos poblacionales de hace dos años. En concreto, de 2023. Lo que la Diputación de Alicante y otras muchas entidades municipales y supramunicipales han solicitado es que el criterio de reparto por población se efectúe con la población de este 2025. Y no la de 2023.

Además, la Diputación de Alicante cuenta con un remanente en los bancos de 250 millones de euros, producto de la buena gestión económica de sus presidentes. Y, entre ellos, el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Pero, no los puede utilizar debido a la reactivación de las reglas fiscales, que limitan extraordinariamente la utilización de ese remanente.

En su caso, ha tenido que acudir, ya en este mes de mayo, al Plan Económico-Financiero 2025-2026 para poder movilizar sólo 6,1 millones de euros destinados a lo que se denomina el Plan + Cerca, que de facto es un programa de ayudas económicas destinadas a los ayuntamientos de la provincia, que sólo en Alicante son 141. El Plan + Cerca tuvo en 2024, una dotación superior a los 30 millones. La Diputación de Alicante tiene el dinero, pero la regla de gasto reactivada este mismo año por el Gobierno, le impide utilizarlo.

Otro programa, el bono consumo, una iniciativa destinada a incentivar el consumo en el comercio, la hostelería, empresas y emprendedores locales, también se encuentra en stand bay por la asfixia del Gobierno de España.

En el caso de la Diputación de Castellón, el Pleno de este 20 de mayo aprobó a iniciativa del Partido Popular una moción para instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a adoptar medidas que permitan a los gobiernos locales recibir entregas a cuenta actualizadas por su participación en los tributos del Estado.

La propia presidenta de la institución, Marta Barrachina, ha pedido reunirse con la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero por dos cuestiones: la deuda que el Gobierno mantiene con los municipios y la propia Diputación y para reclamar que las instituciones municipales puedan hacer uso de los remanentes de tesorería.

Toda esta situación, que es crítica para los ayuntamientos y las diputaciones, se suma a la asfixia propia que la padece la Generalitat Valenciana por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo de Carlos Mazón aún no ha recibido del de Sánchez los 3.600 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario. Y El Ejecutivo le adeuda, también, otros 800 millones de las entregas a cuenta, la Comunidad Valenciana recibe 207 euros menos que la media de España por desempleado. Y más de 5.000 autónomos de la DANA no han recibido la renovación del cese de sus prestaciones, tal como adelantó este 23 de mayo OKDIARIO.

En síntesis, que el  el abandono del Gobierno está llevando a la Generalitat Valencianaal borde del default con sus proveedores. Es decir, a la imposibilidad material de afrontar los pagos a esos mismos proveedores en materia de sanidad, educación y políticas sociales.