El PSOE ‘vende’ un trasvase previsto en las normas del Tajo-Segura como un hito de Sánchez y Puig

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 21/01/2022 10:20
  • Actualizado: 21/01/2022 10:32

El Partido Socialista ha vuelto a abrir la caja de los truenos en materia de agua en la Comunidad Valenciana y, más concretamente, en la Provincia de Alicante. La secretaria de Políticas de Agua de los socialistas valencianos Rosa Guillén celebró la aprobación de un trasvase de 27 hectómetros cúbicos al Segura como un auténtico hito de las políticas del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig. Sin embargo, ese caudal no es más que el previsto en el nivel 2 de las normas de explotación que rigen el citado trasvase.

La tensión que genera cualquier circunstancia que rodea al Trasvase Tajo-Segura ha vuelto a manifestarse en Alicante. En esta ocasión, el origen han sido unas manifestaciones de la secretaria de Políticas de Agua de los socialistas valencianos Rosa Guillén, quien arrogó a Sánchez y Puig el hito de haber logrado un trasvase de 27 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura. Guillén añadió que sólo el compromiso de ambos dos garantiza el trasvase y que sólo con los gobiernos centrales y autonómicos liderados por socialistas se puede garantizar el agua para siempre en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, las normas reguladoras del Trasvase Tajo-Segura establecen que en función de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen una serie de niveles mensuales con arreglo a los cuales se acuerda la realización de los trasvases con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico: 600 destinados al Segura y 50 para el Guadiana.

De esos niveles que se establecen, el 2 es el que prevé la autorización de trasvasar 27 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura y, para ello, impone dos condiciones: Una, que las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.300 hectómetros cúbicos. Y, otra, que las aportaciones conjuntas de esos dos embalses registradas en los últimos 12 meses sean inferiores a 1.400 hectómetros cúbicos. Bajo esas condiciones, la comisión central de explotación del acueducto, toma sus decisiones en materia de trasvase. 

Esa comisión constató, y así lo hizo público el pasado 19 de enero, que se mantiene la situación de normalidad hidrológica y, por tanto, de nivel 2. Y, con arreglo a las normas de explotación mencionadas, como es preceptivo, autorizó el trasvase de 27 hectómetros cúbicos. También, prevé que la situación de normalidad hidrológica se mantenga hasta abril.

Las manifestaciones de Guillén no pasaron desapercibidas para el Partido Popular, que ha criticado que los gobiernos de Sánchez y Puig se adjudicaran el logro de una aportación que está prevista en las normas de explotación del Tajo-Segura. La respuesta popular era más que previsible. El agua, y más concretamente la procedente del trasvase Tajo-Segura se ha convertido en uno de los vértices esenciales de la política popular en la Provincia de Alicante. El presidente de los populares valencianos Carlos Mazón lleva desde el inicio de su mandato tejiendo alianzas para defender ese trasvase de los recortes de Sánchez. La principal, con la Región de Murcia, que gobierna el también popular López Miras.

Pero quien ha respondido a Guillén ha sido Ana Serna, secretaria general del PP Provincia de Alicante: «Nos toman por tontos», ha dicho, Serna, quien ha confirmado además que «el trasvase de 27 hectómetros cúbicos al Segura es un trasvase reglado» y ha acusado al PSPV de «mentir compulsivamente, vendiendo un compromiso que es humo». Lo que necesita esta tierra, ha dicho Serna, es «agua, compromiso real y menos mentiras y postureo».

El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura esencial para la Provincia de Alicante. Especialmente para el sur de ese territorio y la Región de Murcia. El sector agrícola dependiente del mismo aporta 3.013 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) estatal.