El PP insta a la juez a investigar a uno de sus ex ediles en Alicante por «falso testimonio» en el caso de las VPP de Alicante

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alicante ha instado a la juez que instruye las diligencias previas del caso de las viviendas de protección pública (VPP) de la urbanización Les Naus, la titular de Instrucción 5 de Alicante, Amparo Rubio, a «evaluar la eventual existencia de indicios de un posible delito de falso testimonio, previsto en los artículos 458 y siguientes del Código Penal, acordándose, si se estimase procedente, la formación de la correspondiente pieza separada o deducción de testimonio para la depuración de las responsabilidades penales que puedan derivarse». Todo ello, en relación con la declaración testifical ofrecida en ese mismo juzgado por el también ex edil del PP de Alicante, Antonio Gallego, en relación con este caso.

El que se conoce como Les Naus o caso de las VPP del escándalo en Alicante es en el que se investiga acerca de las adjudicaciones de viviendas de protección pública de la urbanización Les Naus, en Playa San Juan, entre otros, a la ex concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a los dos hijos y un sobrino de una ex alto cargo municipal, María Pérez-Hickman. En total, la causa acumula ya un total de 15 investigados.

El origen de la petición del PP a la juez estriba en que el ex concejal de esa misma formación, Antonio Gallego, había ratificado en su declaración como testigo ante la magistrada las manifestaciones efectuadas semanas atrás ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de esa misma promoción.

Gallego sostenía que había sabido que la entonces concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, actualmente investigada en la causa y que dimitió al estallar el escándalo, era adjudicataria de una de esas viviendas en julio de 2024, año y medio antes de que estallase el caso, porque ella misma se lo había revelado al solicitarle que respondiera en su lugar a una pregunta efectuada por Compromís en un pleno y que versaba sobre la citada urbanización.

Frente a ello, los populares han entregado un escrito de alegaciones al mismo juzgado y, también, un informe del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital del Ayuntamiento en el que, según la misma formación, se demuestra «indubitablemente» que Gallego «sabía desde la reunión de grupo, y se le ratificó mediante correo electrónico, que era él mismo quien contestaría a la pregunta el día previo a la sesión plenaria». El informe, según el PP, acredita que el citado correo «fue remitido tanto a Gallego como al resto de concejales».

En la misma línea y con respecto a la información «suministrada para responder a la pregunta», el escrito, según el PP, se remite a los correos electrónicos mantenidos entre el citado Antonio Gallego, la jefa del Servicio de Patrimonio y el responsable de la cooperativa de viviendas, para «destacar» que el entonces concejal «tenía la respuesta a su pregunta una hora antes del inicio de su intervención» y que «para que dicha pregunta fuera contestada», la jefa de servicio «tuvo que solicitarle con anterioridad al responsable de la cooperativa que le suministrara la información». Además, y siempre según el comunicado del Grupo Popular, «en la propia contestación la funcionaria se disculpa por la tardanza en obtener la respuesta», lo que a juicio de los populares «refuerza la tesis de que el señor Gallego sabía desde el día antes de la sesión plenaria que él respondería a la pregunta».