Denuncian en Fiscalía al policía que ‘unió’ delincuencia e inmigración por un presunto delito de odio

Una treintena de organizaciones solidarias y de acogida han presentado una denuncia contra el ex inspector jefe de la Comisaría Centro de la Policía Nacional en Valencia, Ricardo Ferris, por un supuesto delito de odio cometido al «equiparar inmigración con delincuencia y atribuir todos los delitos a las personas extranjeras».

Este mando policial, que ha solicitado el pase a segunda actividad tras ser expedientado, aseguró: «Hace unos cinco años que no trabajamos con delincuentes nacionales», al tiempo que bromeó al señalar que cuando detienen a algún español «en vez de llevarlo al juzgado» deberían trasladarle «al centro de especies protegidas de El Saler».

Ferris hizo estas declaraciones el pasado 14 de octubre en el Ateneo Mercantil de València en el marco de un acto sobre Inmigración y Ciudadanía organizado por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y el grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas.

Según consta en la denuncia, facilitada este jueves por la organización Valencia Acull (Valencia Acoge) a Efe, el ex inspector «instó públicamente a actuar y echarle narices a la situación actual» y afirmó que «los españoles somos un pueblo pacífico, pero desgraciadamente vamos a tener que dejar de serlo».

Las entidades y plataformas sociales que respaldan la denuncia piden a la Fiscalía contra los Delitos de Odio que acuse a este agente de incitar al odio contra las personas extranjeras, un delito «castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses».

Los denunciantes exponen en el texto remitido a la Fiscalía que Ferris fue presentado «no como un particular, sino como inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la comisaría Centro de Valencia y asesor de tres delegados del Gobierno, entre otros cargos».

Recuerdan, en este sentido, que Ferris fue «coordinador de la Policía Nacional en el barrio de Ruzafa», y que en 2003, durante la presentación de un plan de intervención policial en el barrio -con el difunto Juan Cotino como delegado del Gobierno y Miquel Domínguez como concejal de Seguridad Ciudadana- «ya identificó a migrantes con delincuentes al asegurar que antes de seis meses, o abandonan el barrio como centro de operaciones o estarán todos en la cárcel o en sus lugares de origen».

Por su parte, el sindicato policial Jupol anunció que acudirá a los tribunales para denunciar el cese de Ferris y acusó de «poca valentía» a la Jefatura Superior y la Dirección General de la Policía al esgrimir motivos organizativos al apartarlo de sus funciones.