‘Caso Azud’: La UCO sostiene que el PSOE financió en ‘B’ las eleciones de 2007 en Valencia

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en torno al denominado Caso Azud señala que empresas adjudicatarias financiaron supuestamente en dinero B el merchandising de la campaña de los socialistas en 2007 al Ayuntamiento de Valencia de la entonces candidata la ex ministra Carmen Alborch.

El caso Azud es una presunta trama corrupta de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones y contratos públicos. Y tuvo como epicentro el Ayuntamiento de Valencia. El caso ha arrojado un balance superior al medio centenar de investigados.

El presunto conseguidor de ese dinero fue supuestamente Pepe Cataluña, quien hasta el año 2004 era el secretario de Administración y Finanzas de los socialistas valencianos y que actualmente se encuentra en la causa en calidad de investigado.

Se da la circunstancia de que si bien el citado informe habla de mordidas para el partido, la investigación se encuentra más focalizada en un presunto cohecho, puesto que el delito de financiación irregular no existía entonces y, en caso de haber existido, ya estaría prescrito.

Según publica elPlural.com, el informe explica que como «contraprestación» el análisis efectuado por la UCO «ha permitido determinar que José Luis Vera directamente o a través de la mercantil Vega Llorens SLU, entre los años 2007 y 2012 habría percibido importantes sumas económicas provenientes del Grupo Axis, las cuales habría destinado tanto a su beneficio personal, como al del PSPV. Habiéndolo hecho en este último caso asumiendo el coste de determinados servicios o productos adquiridos por este partido político».

Según la UCO, una de las operaciones urbanísticas que habría motivado el pago de estas comisiones es el Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Espartal. En sendas reuniones mantenidas entre el principal encausado el empresario Jaime Febrer, y José Luis Vera, habrían acordado «el pago de una comisión por importe de 2 millones de €. De estos, un millón tendría como destinatario al propio Vera, y un millón al PSPV».

Para el pago de la citada comisión, dice la UCO, «se habrían articulado una serie de operativas» que «habrían tenido la aparente finalidad de encubrir el origen delictivo de los fondos: firmas de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios, entre otras».