El jefe de gabinete de Illa imputado por desvío de fondos públicos en su etapa como alcalde de Esparraguera

Eduard Rivas, jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), está siendo investigado por un juzgado de Martorell por presuntas irregularidades en los contratos que el Ayuntamiento de Esparraguera —del que fue alcalde entre 2015 y 2024— suscribió con una fundación local dedicada a la inserción laboral de personas con discapacidad. El Govern ha expresado su «plena confianza» en Rivas y asegura que es «el primer interesado en que se aclare esta investigación cuanto antes».

OKDIARIO se ha puesto en contacto con la Generalitat que asegura que Rivas no llegó a ser detenido. No obstante, la convulsión en el Ayuntamiento de esa localidad barcelonesa de 22.600 habitantes en total. Se va a celebrar una junta de portavoces de los grupos municipales en próximas fechas para abordar este tema. Por lo pronto los contratos con la fundación sospechosa no se han renovado.

«La plaza 7 del Tribunal de Instancia de Martorell tiene abierta una causa por un delito de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de Esparreguera. La causa se encuentra secreta y no disponemos de más información», confirman fuentes oficiales.

La causa judicial apunta a posibles irregularidades en contratos de servicios de limpieza vial y mantenimiento del espacio público que el consistorio de Esparraguera adjudicó entre 2022 y 2024 a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), entidad con sede en la misma localidad del Baix Llobregat cuyo propósito es la formación y el empleo de personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión social.

Según la investigación bajo secreto, parte del dinero procedente de esos contratos públicos habría acabado sufragando gastos privados de personas vinculadas a dicha organización –viajes, un coche, etc.–, lo que ha dado pie a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Martorell que afecta directamente a Rivas.

Incautación del móvil

El pasado 15 de enero, agentes de los Mossos de Esquadra se personaron en las oficinas del Ayuntamiento de Esparraguera para recabar documentación sobre los contratos municipales objeto de investigación. En esa misma operación, los Mossos requisaron el teléfono móvil de Rivas con el fin de volcar y analizar la información contenida en el terminal.

Tres meses después, el dispositivo no le ha sido devuelto. Fuentes del equipo de Illa han señalado que la carga de trabajo del área de informática forense de los Mossos está dilatando el avance de las pesquisas.

Tras conocer la incautación, Rivas trató de personarse en la causa, pero el juez instructor denegó inicialmente su solicitud. Fue al presentar recurso contra esa decisión cuando el magistrado aclaró que Rivas constaba formalmente como investigado en el procedimiento.

Desde entonces, el jefe de gabinete del presidente se ha presentado ante el juez acompañado de abogado para conocer su situación procesal, lo que el Govern interpreta como muestra de su «total disposición para colaborar en todo lo que sea necesario».

La investigación no es nueva en sus contornos más amplios. En febrero de 2025, los Mossos ya habían detenido a tres personas —ninguna con cargo público— vinculadas a la FIL, entre ellas su ex director general. La causa que ahora salpica a Rivas constituye una pieza separada de ese procedimiento principal.

Confianza del Govern

Desde la Presidencia de la Generalitat, las fuentes consultadas han sido taxativas al respaldar a Rivas: «Trasladamos la plena confianza en su persona», han señalado, subrayando que el investigado «es el primer interesado en que se aclare esta investigación cuanto antes». La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, lo que limita la información disponible sobre el alcance exacto de las diligencias.

Eduard Rivas, nacido el 5 de mayo de 1984 en Esparraguera, es licenciado en Ciencias Políticas, con estudios de Derecho y un posgrado en materia de Unión Europea. Antes de volcarse en la política municipal, trabajó como técnico en política europea y como asesor en el Parlamento Europeo entre 2008 y 2015, siempre vinculado al PSC. Fue alcalde de Esparraguera durante nueve años consecutivos y presidió la Federación de Municipios de Cataluña. En agosto de 2024, tras la victoria de Salvador Illa en las elecciones autonómicas, abandonó la alcaldía para convertirse en uno de los colaboradores de mayor confianza del president.

Reacciones políticas

La noticia ha tenido una rápida repercusión en el ámbito político catalán. El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha sido el primero en reaccionar con contundencia a través de la red social X: «Koldo, Salazar, Chili y ahora esto… Lo que está claro es que Salvador Illa debería elegir mejores compañías», ha escrito, en alusión a otras causas judiciales que han afectado al entorno del Gobierno central.

El caso llega en un momento políticamente sensible para el Ejecutivo catalán, que afronta una legislatura compleja y que ha hecho de la regeneración institucional uno de sus ejes discursivos. Que la investigación afecte a un cargo de la cúspide orgánica de la Presidencia —y no a un cargo menor o periférico— convierte este asunto en un elemento de evidente pugna política para la oposición.

La causa de Esparraguera pone así sobre la mesa una paradoja incómoda: una fundación creada para la inclusión social de los más vulnerables se habría convertido, presuntamente, en el instrumento de una maquinación para financiar gastos privados con dinero público. Si los hechos investigados se confirman, la ironía sería difícil de soslayar para quienes aprobaron esos contratos. El juzgado de Martorell tiene ahora la palabra.