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Vox en el Consell de Mallorca reclamará medidas para defender a los propietarios frente a los inquiokupas

Toni Gili, portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, pide un equilibrio justo entre la protección social y la seguridad jurídica

La formación aboga por soluciones equilibradas que promuevuna convivencia justa y respetuosa en la sociedad

Vox presentará una moción al pleno del Consell de Mallorca con la que pretende defender los derechos de los propietarios ante la «creciente inseguridad jurídica» por la «problemática de la inquiokupación y la ocupación ilegal», según han señalado en un comunicado.

El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha asegurado que, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020, que suspendió los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables, «muchos propietarios se han visto gravemente perjudicados», ya que, a su modo de ver, «se han visto obligados a soportar cargas económicas y sociales desproporcionadas».

«El Consell de Mallorca no puede mantenerse al margen de una situación que afecta no solo a los derechos de los propietarios, sino también a la estabilidad del mercado inmobiliario y la seguridad jurídica de la sociedad», ha afirmado Gili.

Por eso, ha reivindicado que el Estado de derecho garantice «un equilibrio justo entre la protección social y la seguridad jurídica», al evitar que los propietarios «se conviertan en las víctimas silenciosas de un sistema que perpetúa la ocupación ilegal, el impago prolongado y la inquiokupación».

Con esta moción, Vox busca que el Consell de Mallorca manifieste su compromiso con «la defensa de los derechos de los propietarios», al tiempo que «aboga por soluciones equilibradas que también protejan a las personas en situación de vulnerabilidad, para promover una convivencia justa y respetuosa en la sociedad».

«Vox considera imprescindible instar al Gobierno central y a las instituciones competentes a tomar medidas efectivas que restauren el respeto a la propiedad privada y promuevan soluciones habitacionales reales para las personas vulnerables», han alegado, según informa Europa Press.

La Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, un problema

La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios el año pasado, ha impedido al Govern balear echar a los okupas de 36 pisos sociales públicos, frenando la recuperación de estos inmuebles para destinarlos a las familias más necesitadas. El Instituto balear de la Vivienda (Ibavi) no ha podido ejecutar desalojo ni lanzamiento alguno de los inquilinos de estas viviendas, que mantienen el usufructo de estos pisos sociales.

En 2019, con el anterior Govern de la socialista Francina Armengol al frente, el Ibavi llegó a tener hasta 120 viviendas okupadas en una clara demostración de la política de pasividad, si no de permisividad frente a este fenómeno, practicada por el PSOE y, especialmente, por sus socios independentistas de Més y Podemos.

Fue en 2020 cuando el Ibavi inició un plan de actuación tanto contra la morosidad de decenas de inquilinos que no abonaban regularmente sus rentas de alquiler, como contra las okupaciones ilegales. Cuando se inició este plan, se informó a todas las personas que okupaban de forma irregular cada una de estas viviendas sociales, acerca de la posibilidad de abandonar el piso y devolver las llaves de forma voluntaria. De hacerlo así, podrían inscribirse en el registro de demandantes de vivienda protegida y participar en los procedimientos ordinarios de adjudicación de viviendas que el Ibavi llevara a cabo.

De lo contrario, se interponía la correspondiente denuncia ante los juzgados para recuperar la vivienda, quedándose además sin opción alguna, a ser adjudicatario de alguna de ellas.

Con esta finalidad, desde el área social se fue informando de estas posibilidades a las personas que okupaban ilegalmente las viviendas y la presión comenzó a dar resultado.

De forma paralela, el Govern balear empezó a instalar alarmas y puertas antivandálicas en todas las viviendas sociales que quedaban vacantes, una vez recuperada su posesión tal y como sucedió en el conflictivo barrio palmesano de Corea. Este hecho consiguió detener las okupaciones ilegales y que el número de viviendas okupadas ilegalmente no se incrementara.