Un empresario se enfrenta a la cárcel tras inventarse firmas para escaquearse de pagar a un electricista

Un empresario se enfrenta a una posible condena de prisión tras ser acusado de falsificar la firma de un electricista y presentar varios recibos supuestamente fraudulentos ante un juez para intentar evitar el pago de una deuda de casi 15.000 euros. La Fiscalía sostiene que el acusado ideó la maniobra para hacer creer que ya había abonado parte del dinero reclamado por el trabajador.

Los hechos se originan a raíz de una deuda de 14.985,75 euros correspondiente a unos trabajos de instalación eléctrica realizados para la empresa del acusado. Al no recibir el pago, el profesional decidió acudir a los tribunales para reclamar judicialmente la cantidad que consideraba pendiente.

El procedimiento se inició en julio de 2024 ante el Tribunal de Instancia de Manacor. Meses después, en enero de 2025, el empresario presentó su oposición a la reclamación y aportó tres recibos manuscritos que, según la Fiscalía, habían sido confeccionados por él mismo.

En esos documentos aparecían supuestos pagos en efectivo al electricista por cantidades de 2.000, 2.500 y 1.500 euros, realizados en distintas fechas. Los recibos incluían además una firma atribuida al trabajador, con la intención de aparentar que este había recibido el dinero y había reconocido los pagos.

Sin embargo, según mantiene la acusación, el electricista nunca firmó esos documentos, no tuvo conocimiento de ellos y tampoco recibió las cantidades que figuraban en los recibos. La Fiscalía considera que los documentos fueron creados expresamente para utilizarlos durante el procedimiento judicial y tratar de reducir la cantidad que la empresa tendría que abonar.

La supuesta estrategia perseguía así convencer al juez de que una parte de la deuda ya había sido pagada y conseguir que la reclamación económica fuese desestimada, al menos parcialmente. El trabajador, por el contrario, sostenía que la totalidad de la cantidad reclamada continuaba pendiente.

La Fiscalía considera que la actuación del empresario no fue un simple intento de justificar unos pagos, sino una maniobra destinada a engañar al tribunal mediante documentos falsificados. Por ello, solicita una pena que suma cerca de tres años de prisión, además de multas y el pago de las costas del procedimiento.

El caso llegará ahora a la Audiencia Provincial, donde se tendrá que determinar si los hechos ocurrieron tal y como sostiene el Ministerio Público. Será durante el juicio cuando se analicen los recibos, las firmas y el resto de las pruebas para establecer si fueron realmente falsificados y utilizados con la intención de engañar al juez.

De confirmarse la acusación, el empresario habría intentado evitar el pago de una deuda de casi 15.000 euros mediante tres recibos que, según la Fiscalía, nunca fueron firmados por el electricista. La última palabra sobre su responsabilidad penal corresponderá, en cualquier caso, al tribunal.