despilfarro institucional

La TV balear de Armengol dispara el gasto en año electoral al pasar su plantilla de 107 a 455 personas

Francina Armengol (izquierda) con el director general de IB3, Andreu Manresa (derecha).
Francina Armengol (izquierda) con el director general de IB3, Andreu Manresa (derecha).
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La radio televisión pública balear, IB3, experimentará el próximo año un «fuerte incremento» del gasto procedente de las arcas públicas del Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol, que destinará más de la mitad de los 37 millones de euros presupuestados a pagar al personal contratado. La plantilla de la televisión autonómica pasa de 107 a 455 personas.

En el nuevo plantel figuran los 350 nuevos empleados públicos procedentes de la internalización de los servicios informativos, que se convertirán en el arranque del año electoral 2023, en personal laboral del ente público autonómico que, con una cuota de pantalla de media del 5% el pasado mes de septiembre, es una de las televisiones autonómicas con menor audiencia.

En concreto, al capítulo de personal global se destinarán 19,3 millones de euros de los que 12 corresponden a los sueldos de las personas que, a día de hoy, aún trabajan en cinco productoras contratadas y lo seguirán haciendo hasta febrero de 2023, cuando caducan las concesiones.

Una vez que se materialice el proceso, IB3 cuadruplicará la plantilla actual que pasará de un centenar largo de trabajadores, a medio millar.

Los nuevos empleados públicos incorporados por el Ejecutivo de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos se convertirán, automáticamente en personal laboral indefinido no fijo de la comunidad autónoma hasta que se convoque una oferta de empleo público.

Así lo ha detallado en la comisión de control del ente en el Parlament balear, su director general, Andreu Manresa, que, por otro lado, ha defendido que si la televisión pública hubiera ofrecido íntegramente el pasado Debate de Política General «nadie lo habría visto».

«Hubiera sido informativamente duro», ha respondido Manresa en la comisión de control de IB3 en el Parlament a una pregunta del diputado del PP, Antoni Fuster, que ha preguntado qué criterios se siguieron para ofrecer en directo, únicamente, el discurso de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y no el del resto de portavoces de las diferentes formaciones políticas, lo que ha calificado como una «vergüenza».

«Criterio periodístico», aseguró Manresa, quien indicó que si hubieran ofrecido las intervenciones del resto de fuerzas políticas de Gobierno y oposición, «nos habríamos quedado con tres espectadores».

Fuster, sin embargo, ha rechazado los argumentos del director general y se ha referido a un criterio político para no ofrecer las intervenciones en directo de los portavoces parlamentarios.

«¿Los ciudadanos de Baleares sólo pueden escuchar la intervención de 90 minutos de Armengol? No es normal», ha insistido Fuster.  Según el diputado del PP, era obligación de la televisión pública difundir las intervenciones de todos los partidos políticos. «Y si es un rollo, se tiene que dar igualmente porque son asuntos importantes, y ustedes dan otros rollos», ha concluido.

Manresa ha defendido la cobertura del debate en la televisión y la presencia de los grupos parlamentarios en los informativos de mediodía y de la noche.

Tras las explicaciones del director general de IB3 y las consideraciones sobre el «criterio político» que, a su juicio, marcó la decisión de cobertura, el diputado popular se ha preguntado «qué pasará con la próxima campaña electoral».

Precisamente, sobre los criterios para las próximas elecciones y la campaña electoral previa, la diputada de El PI Lina Pons ha preguntado por los «equilibrios» que hará la televisión pública.

Manresa, sin embargo, ha asegurado que la televisión y la radio públicas no tienen la necesidad de «hacer equilibrios» porque son neutrales «por naturaleza», algo que la realidad desmiente con creces en Baleares, pese a que Manresa ha concluido su intervención, afirmando que «somos el único medio que garantiza voz y participación».

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