El rey del cemento y jefe del instituto de crédito de Armengol maniobra para abrir la cantera de Palma

El presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca en Baleares (ISBA), Eduardo Soriano, es el máximo dirigente de la compañía Cementos Baleares y administrador solidario de Terral Holding 2005 S.L., empresa propietaria de la cantera de Establiments de Palma, cuyos derechos adquirió un año después de su cierre en 2004 por el Ayuntamiento de Palma. Soriano, el rey de cemento, impulsa la reapertura de esta explotación, pese a la oposición de vecinos y entidades ecologistas.

Eduardo Soriano y  la entidad Terral Holding tenían prácticamente cerrado hace dos semanas el acuerdo para su reapertura. Todo ello después de que los técnicos de la Comisión balear de Medio Ambiente, con los independentistas y ecologistas de Més, Antoni Alorda y Biel Barceló al frente, le dieran el visto bueno al plan de reforestación y explotación presentado.

Un aval en contra de la opinión de los residentes y, a pesar de que un informe del departamento de Carreteras del Consell de Mallorca alertaba del riesgo de colapso viario que provocaría el trasiego continuo de camiones en esta localidad palmesana, cuya vía principal y única de acceso es una calzada de un carril de ida y otro de vuelta.

La empresa, no obstante, contaba ya con el apoyo del director de política industrial del Govern balear, Antoni Morro, y del máximo responsable de este departamento y vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes (Unidas Podemos) y del PSIB PSOE de Francina Armengol.

Las relaciones de Soriano, tesorero a su vez de la Cámara de Comercio de Mallorca, con los socialistas de Baleares son fluidas. Nada más arrancar la legislatura, en noviembre de 2019, el ISBA renovaba el acuerdo por cuatro años con la consellera socialista de Hacienda, Rosario Sánchez. Un convenio por el que el Govern apoyaba un mecanismo de reaval de las operaciones de financiación impulsadas por este organismo, con hasta el 75% de las garantías concedidas.

Todo se vino al traste a finales de la semana pasada, cuando Podemos, contradiciendo a su propio conseller Yllanes, lanzaba un comunicado en el que manifestaba su oposición a la aprobación de este proyecto. A juicio de esta formación, la reapertura de la explotación, «causaría un impacto muy negativo sobre las personas que viven en los barrios cercanos de Son Roca, Establiments, Son Anglada, Secar de la Real, Son Llull-Son Serra-Sa Vileta y Son Rapinya, que llevan tiempo denunciando».

Para este partido, tal y como está planteada, esta iniciativa empresarial produciría un movimiento desmedido de materiales para llenar unos espacios que se podrían restaurar generando menos impacto. En la nota incidían desde Podemos, en la presencia constante de vehículos pesados ​​interfiriendo en la normalidad de los desplazamientos, y causando molestias a los vecinos de los barrios que atraviesa la ruta, denunciando que el plazo de 30 años previsto en el proyecto de reapertura de esta explotación, condenaría la ciudadanía a incomodidades, y reduciría su calidad de vida.

Un rechazo que obligó a aplazar la tramitación final del expediente en la Comisión política de Medio Ambiente, en la reunión celebrada el pasado jueves, abriendo una nueva crisis política entre las formaciones del tripartito balear. Un aplazamiento aplaudido por la plataforma de afectados que, este martes, tiene programada una reunión, para definir las actuaciones a llevar a cabo, con el fin de paralizar la reapertura de esta cantera.