El PSOE se ha convertido en un diagnóstico

Cuando la incompetencia deja de ser una excepción, la negligencia deja de ser un accidente y la acumulación de fracasos termina dibujando el retrato de una forma de gobernar.

Incompetencia, negligencia, dejadez, abandono, dolo y culpa. Seis palabras que, por separado, tienen significados distintos, pero que, cuando se acumulan sobre una misma realidad política, adquieren una dimensión mucho más inquietante.

España lleva demasiado tiempo asistiendo a una sucesión de acontecimientos que no pueden despacharse con explicaciones circunstanciales, declaraciones institucionales o la búsqueda apresurada de responsables ajenos. Porque cuando los problemas se repiten, cuando las advertencias no parecen servir para corregir errores y cuando las responsabilidades se diluyen sistemáticamente, la pregunta deja de ser qué ha ocurrido y pasa a ser por qué ocurre una y otra vez.

Y es ahí donde el PSOE deja de ser únicamente un partido político para convertirse en un diagnóstico.

No se trata de una metáfora gratuita. Se trata de una reflexión sobre el estado de nuestras instituciones, la capacidad de gestión de quienes gobiernan y las consecuencias que determinadas decisiones políticas tienen sobre la vida de los ciudadanos.

España ha protagonizado episodios que han dejado una profunda huella colectiva. La tragedia de la DANA, los incendios forestales, el apagón generalizado del 28 de abril de 2025 y los accidentes ferroviarios han puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales relacionadas con la prevención, la coordinación, el mantenimiento de infraestructuras, la respuesta ante las emergencias y la asunción de responsabilidades.

Cada tragedia tiene sus propias circunstancias. Cada investigación debe establecer qué sucedió, quién tenía competencias y si existieron responsabilidades administrativas, políticas o penales. No sería justo ni riguroso atribuir automáticamente todas las consecuencias a una misma causa. Pero tampoco sería aceptable utilizar esa complejidad como excusa para evitar las preguntas.

¿Cuántas veces puede una sociedad contemplar fallos de enorme trascendencia sin exigir explicaciones convincentes? ¿Cuántas veces pueden las responsabilidades políticas convertirse en una cuestión secundaria? ¿Cuántas veces puede confundirse la supervivencia de un Gobierno con el interés general?

Porque gobernar no consiste exclusivamente en ocupar el poder, administrar los tiempos parlamentarios o construir mayorías para permanecer en La Moncloa. Gobernar significa anticiparse, gestionar, proteger, responder y asumir las consecuencias de las decisiones propias.

Y cuando esas obligaciones fallan, la responsabilidad política no puede esconderse detrás de una comparecencia, una declaración preparada o una estrategia de comunicación. España no puede acostumbrarse a que las explicaciones lleguen siempre después de las tragedias.

Pero el diagnóstico no termina en la gestión de las emergencias. Existe otra dimensión, quizá todavía más profunda, que afecta a la propia estructura del Estado y a la convivencia entre españoles.

Mientras otros países europeos afrontan sus diferencias dentro de marcos constitucionales consolidados, España ha tenido que enfrentarse a un desafío secesionista que puso en cuestión la soberanía nacional, la integridad territorial y el orden constitucional.

La respuesta política a aquel desafío sigue generando controversia. La amnistía, las concesiones parlamentarias y la dependencia del Gobierno de formaciones nacionalistas e independentistas han abierto un debate de enorme trascendencia sobre la igualdad ante la ley, la separación de poderes y los límites de la acción política.

No es una discusión menor. Tampoco es una cuestión que pueda reducirse a la aritmética parlamentaria. Una mayoría puede permitir gobernar, pero no convierte automáticamente en acertada cualquier decisión. La legitimidad de las decisiones públicas exige algo más que reunir los votos necesarios: exige respeto a la Constitución, a las instituciones y a los principios que sostienen nuestro Estado de derecho.

Y mientras tanto, los ciudadanos observan cómo la política parece haberse convertido, demasiadas veces, en un ejercicio de supervivencia.

La confianza institucional no se recupera con propaganda. Se recupera con transparencia, ejemplaridad y responsabilidad. Y la credibilidad de un Gobierno no depende de lo que proclama de sí mismo, sino de la distancia que existe entre sus promesas y sus resultados.

Hay una cuestión que debería preocuparnos especialmente: la normalización del fracaso. Cuando una sociedad empieza a considerar inevitables los problemas que deberían prevenirse, cuando las explicaciones sustituyen a las soluciones y cuando la exigencia de responsabilidades se interpreta como una agresión política, algo se está deteriorando.

No podemos aceptar que la resignación termine ocupando el lugar de la exigencia democrática.

Tampoco podemos permitir que la confrontación política convierta cualquier crítica en una supuesta deslealtad. La oposición tiene la obligación de fiscalizar al Gobierno y los ciudadanos tienen el derecho de exigir explicaciones. Eso no debilita la democracia. La fortalece.

El PSOE tiene derecho a defender su gestión, sus decisiones y su proyecto político. Pero también tiene la obligación de responder por aquello que hace y por aquello que deja de hacer. Ningún partido, ningún presidente y ningún Gobierno están por encima de esa exigencia.

Y aquí aparece de nuevo el sentido de este diagnóstico.

No estamos hablando de un incidente aislado, de una avería puntual, de una catástrofe imprevisible o de una discrepancia parlamentaria. Estamos hablando de una acumulación de problemas de distinta naturaleza que obligan a examinar con rigor la calidad de la gestión pública, la responsabilidad de los gobernantes y el estado de nuestras instituciones.

La ley de Murphy dice que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Pero una nación no puede gobernarse como si Murphy fuera el responsable de sus desgracias.

La política está precisamente para anticiparse a los problemas, reducir los riesgos, proteger a los ciudadanos y corregir los errores. Y cuando eso no sucede, la explicación no puede ser siempre la mala suerte, la herencia recibida, la oposición, los jueces, los medios de comunicación o cualquier otro adversario conveniente.

La responsabilidad de gobernar lleva aparejada la responsabilidad de responder. España necesita recuperar la normalidad institucional, la confianza en sus administraciones, el respeto a la ley y la certeza de que quienes ejercen el poder entienden que están al servicio de los ciudadanos, no de sus propios intereses de permanencia.

Porque un Gobierno puede perder unas elecciones, puede perder apoyos parlamentarios y puede perder la confianza de una parte de la sociedad. Eso forma parte de la democracia.

Lo verdaderamente preocupante es que una sociedad termine perdiendo la confianza en la capacidad de sus instituciones para protegerla y en la disposición de sus gobernantes para asumir responsabilidades.

Y quizá esa sea la conclusión más grave de todas: el PSOE ya no es solamente el protagonista de una crisis política. Se ha convertido en el diagnóstico de una crisis de confianza, de gestión y de responsabilidad que España no puede permitirse seguir ignorando.

Las naciones no se deterioran de un día para otro. Se deterioran cuando se acumulan los errores, cuando se normalizan las anomalías y cuando quienes tienen la obligación de corregirlas prefieren administrar sus consecuencias antes que resolver sus causas.

Y España merece mucho más que eso.