El PSOE carga contra la ley del litoral de Baleares porque protege la permanencia de los chiringuitos de playa

El PSOE carga contra la ley del litoral de Baleares porque protege la existencia de los chiringuitos de playa y su permanencia durante toda la vigencia de las concesiones. Lo ha hecho la que es ya candidata socialista en las próximas elecciones autonómicas, Rosario Sánchez.

La también secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de Pedro Sánchez, que se mantiene en el cargo pese a que está ya en campaña preelectoral en las Islas, ha asegurado este viernes que la nueva ley del litoral impulsada por el Ejecutivo autonómico tiene una «gran capacidad destructora» y constituye «el mayor instrumento de desprotección del litoral» al considerar que prioriza la actividad económica y el interés privado sobre el general.

Según ha señalado, la normativa permitirá implantar nuevas actividades e instalaciones de servicio en playas de especial protección, además de favorecer, a su juicio, la proliferación de chiringuitos y su permanencia durante toda la vigencia de las concesiones.

La socialista ha calificado la ley de «perversa» porque, según ha sostenido, «parece que promueve una cosa, pero, en su desarrollo, permite la contraria». Asimismo, ha advertido de que los nuevos instrumentos previstos en la normativa permitirán modificar los accesos a las playas, alterar los usos del suelo rústico y facilitar la implantación de nuevas infraestructuras en el entorno costero.

La candidata ha enmarcado esta iniciativa en la política territorial del Govern y ha acusado al Ejecutivo autonómico de favorecer la especulación y la explotación económica del litoral en detrimento de su protección.

Por todo ello, ha reclamado la retirada inmediata del proyecto de ley y ha animado a la ciudadanía y a las entidades que se han movilizado en defensa del territorio a presentar alegaciones durante el periodo de información pública, cuyo plazo concluye el próximo 4 de septiembre.

Plan litoral

Por su parte, la candidata del PSOE al Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ha acusado al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, de haber convertido la institución en «una oficina de tramitación» al servicio del Govern, al considerar que el proyecto de ley del litoral vacía de competencias a la institución en materia de ordenación y protección del territorio.

Fernández ha advertido de que la norma no solo prevalecerá sobre los planes territoriales insulares, sino también sobre el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos, que, según ha señalado, deberán adaptar sus instrumentos de ordenación a lo que establezcan los nuevos planes previstos en la futura ley, incluso cuando estos sean más restrictivos.

En este sentido, ha censurado que el proyecto de ley cree el plan de ordenación del litoral y los planes de actividades y servicios de temporada sin fijar cuándo deberán elaborarse y que, mientras tanto, permita que los Consells determinen mediante acuerdos plenarios cuestiones como los usos autorizados en las playas, las actividades permitidas o la superficie que podrán ocupar, sin necesidad, según ha criticado, de procesos de participación ciudadana o informes ambientales.