Prohens neutraliza a Sánchez y excluye a Baleares del decreto que permitía el alquiler de barcos privados

Respuesta legal e inmediata del Govern balear a la ley recién aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que permite el alquiler de barcos privados, lo que se conoce como el Airnb náutico. El Ejecutivo autonómico que lidera Marga Prohens (PP) aprobará este viernes una modificación del Decreto de chárter náutico que impedirá que la medida estatal pueda aplicarse en Baleares.

De esta manera, el Govern neutraliza el decreto de Sánchez, que iba a entrar en vigor este próximo 15 de agosto, al considerar que el archipiélago tiene una capacidad de carga limitada y cuenta con una presión náutica mucho mayor que el resto de Comunidades Autónomas donde sí tendrá efecto esta medida.

«No permitiremos que se imponga un modelo que ignora nuestra realidad insular y que compromete la sostenibilidad ambiental y la seguridad marítima de nuestras aguas. Lo hemos dejado muy claro: en Baleares el alquiler turístico de embarcaciones privadas no tendrá cabida», ha asegurado de manera tajante Prohens.

Y es que la medida de Sánchez iba a permitir que los propietarios de las Islas de embarcaciones de recreo de uso privado de hasta cinco metros de eslora pudieran alquilarlas a turistas durante un máximo de tres meses al año. Todo esto en un contexto en el que Baleares lidera los índices de siniestralidad en el mar

Con la modificación autonómica del Decreto de chárter náutico, se mantendrá la restricción del alquiler solo a embarcaciones de la sexta lista del registro marítimo, excluyendo explícitamente aquellas de la séptima lista que soliciten pasar temporalmente a uso comercial. Así, se preserva el régimen fiscal, operativo y jurídico diferenciado entre usos privados y profesionales, esencial para mantener el control público sobre los amarres, las tasas y las concesiones.

Una de las posturas que defendía el Govern balear es la imposibilidad de autorizar un doble uso de los amarres, ya que actualmente en Baleares hay una lista de espera con más de 7.000 solicitudes para amarres de uso social o privado, por lo que permitir que embarcaciones que ya disponen de una plaza para uso particular operen con fines comerciales supondría una distorsión profunda del sistema.

«No queremos más embarcaciones saturando nuestro litoral»

Prohens ha manifestado este martes que la sostenibilidad del litoral, la seguridad marítima y el equilibrio de usos en los puertos son líneas rojas que no pueden traspasarse.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha indicado que la modificación del decreto actual responde a la necesidad de actualizar el marco normativo con mayor precisión, claridad y capacidad de respuesta ante los cambios que plantea el Estado.

El nuevo texto reforzará la regulación autonómica de la actividad náutica recreativa y dejará claro que el arrendamiento de embarcaciones privadas con cambio temporal de uso no está permitido en Baleares.

Por otro lado, Prohens ha apuntado que este conflicto no es solo jurídico o técnico, sino una cuestión de modelo. «Este Govern defenderá siempre la autonomía de Baleares para ordenar la actividad marítima de acuerdo con sus necesidades y limitaciones. No queremos más embarcaciones saturando nuestro litoral ni convirtiendo el mar en una actividad especulativa sin control», ha concluido.

Cabe recordar que como medida complementaria, Ports IB el pasado viernes ya aprobó una resolución que prohíbe expresamente el uso comercial de los amarres concedidos para uso particular. Esta medida se ha adoptado en ejercicio de las competencias exclusivas que tiene la comunidad sobre el dominio público portuario, y establece que cualquier actividad económica que se realice con una embarcación amarrada en un punto social constituirá una infracción grave. Esto implicará la apertura de un expediente sancionador y, en su caso, la revocación inmediata de la autorización.

Ports IB también ha requerido a todas las entidades concesionarias de los puertos en régimen de gestión indirecta que presenten en un plazo máximo de diez días un informe detallado con la distribución de los amarres según su uso, diferenciando claramente entre usos sociales y usos comerciales, como medida de transparencia y control.