Prohens anulará la compra de 88 pisos de lujo para vivienda social que aprobó Armengol tras el 28M

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 19/07/2023 20:10
  • Actualizado: 18/09/2024 16:32

El Govern balear liderado por la presidenta, Marga Prohens, anulará la compra de 88 pisos de lujo en el Polígono de Levante de Palma, para vivienda social que aprobó la expresidenta socialista, Francina Armengol, días después de las elecciones autonómicas del 28M por «gravísimas irregularidades detectadas», apuntan sin concretar más fuentes del Ejecutivo.

La operación financiera, en concreto, se materializó a falta de tres días para el inicio de la sesión de investidura de Prohens (PP) como nueva presidenta de Baleares haciendo uso el anterior Govern de izquierdas del ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de inmuebles entre grandes tenedores, regulado en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Islas Baleares.

Si el pasado 30 de marzo, Metrovacesa notificaba a la Conselleria de Movilidad y Vivienda y al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) la intención de vender el edificio de nueva construcción en el que se ubican estos pisos, el Ejecutivo de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos aceptaba en plazo el pago de la cantidad requerida para su adquisición, en concreto, un total de 25.871.323,82 euros.

La adquisición de estos pisos de alto standing se aprobó administrativamente, pero faltaba la última firma para su rúbrica definitiva, después de una más que extraña operación financiera por parte del anterior Govern.

Al no disponer el IBAVI de liquidez ni del presupuesto requerido para hacer frente a su adquisición, la Conselleria de Hacienda presidida por la entonces consellera socialista en funciones, Rosario Sánchez, autorizaba una transferencia desde el ente público Ports IB al IBAVI por valor de 17 millones de euros para materializar esta operación.

Un trasvase de capital que, sin embargo, no fue avalado por el consejo de administración de la empresa pública portuaria, en una extraña operación financiera, que fue también muy criticada por el comité de empresa de este ente público.

Los representantes de los trabajadores calificaban como algo «del todo inaceptable» esta operación de descapitalización «esquilmando los recursos económicos de la empresa» que están disponibles para realizar inversiones que son «urgentes y extremadamente necesarias» ligadas al ámbito de actuación de la misma.

Todo ello, además, con el objetivo de hacer frente a préstamos o inversiones de otras empresas públicas, que nada tienen que ver con la finalidad institucional de Ports IB, «sin haber tenido en cuenta ni estudiado cómo afectará a la viabilidad, mantenimiento e inversiones previstas por este ente público».