El PP exige a Armengol que explique el contrato de cuatro millones al ex diputado socialista Jaume Garau

El Partido Popular de Baleares ha registrado en el Parlament una batería de preguntas y solicitudes de documentación sobre la privatización del Servicio de Información a la Ciudadanía al que se dirigen los ciudadanos para la solicitud de ayudas y prestaciones sociales autonómicas. Como desveló OKDIARIO el pasado día 5, el Govern de Armengol ha adjudicado el servicio  mediante un contrato de cuatro millones y medio de euros a la entidad Intress que fundó el político socialista Jaume Garau.

Jaume Garau fue conseller de Bienestar Social en el Consell de Mallorca entre 2007 y 2011. La presidenta del gobierno insular era entonces la actual jefa del Ejecutivo balear, Francina Armengol. Garau también ha sido diputado en el Parlament balear durante la pasada legislatura.

Los populares preguntan “¿cuál ha sido el motivo para la externalización del servicio?” y “¿por qué no se había informado a los trabajadores de esta decisión? Señala el PP que todo ello «evidencia el cinismo de la presidenta Francina Armengol, recurriendo a la privatización que siempre ha demonizado, en un servicio que funciona”.

Como publicó OKDIARIO el pasado día 4, el Govern de Armengol privatiza la oficina de información de las ayudas y prestaciones sociales que depende de  la Conselleria de Asuntos Sociales liderada por la consellera independentista de Més per Mallorca, Fina Santiago. Desde septiembre será gestionado por la empresa Intress, la única que se ha presentado al concurso.  La entidad fundada por el socialista Jaume Garau lo gestionará durante los próximos seis años.

Este servicio que tramita las ayudas y prestaciones sociales autonómicas a las que tiene derecho la población más vulnerable, caso de la renta social garantizada o las relacionadas con la dependencia, cuenta actualmente con siete empleados públicos en plantilla que atienden de media a unas 42.000 personas por año, casi 30.000 de ellas, de manera presencial. La diputada del PP Marga Durán, exige al Govern que explique “por qué la privatización del servicio se ha hecho de espaldas a los trabajadores cuando puede afectar sus condiciones laborales”. Otras preguntas del PP al Govern de Armengol con exigencia de respuesta son estas: “¿Por qué hace menos de un año se convocó un concurso de traslados?” y ¿por qué se ha tomado ahora esta decisión después de siete años gobernando, a menos de un año de las elecciones y licitando en apenas un mes un contrato de 4,5 millones por un periodo de seis años?».

Según la diputada del PP, Marga Durán, «es todo muy extraño”. La parlamentaria popular reclama también la copia de los informes que
aconsejan su externalización y privatización y de los informes que
cuantificaron la adjudicación de este servicio. “Creemos que la
consellera de Servicios Sociales de Armengol, la señora Fina Santiago,
debe justificar los motivos de estas sorprendente e inesperada decisión de privatizar el servicio de información a la ciudadanía”, explica Marga
Durán.

El ex conseller socialista Jaume Garau, aparte de fundador de Intress, ha tenido un peso notable en la entidad donde fue también responsable del departamento de Calidad durante casi una década ( 1998-2007), presidente (2003-2007) de esta organización que trabaja en el ámbito de la intervención psicosocial y la integración laboral, siendo también el máximo dirigente de la Fundación Intress para la Integración.

Una institución esta última, también privada y de ámbito estatal, creada al 14 de diciembre de 2005 con la finalidad principal de mejorar las condiciones de vida de las personas con diferentes capacidades psíquicas, mentales, físicas y sensoriales, mediante la promoción y fomento de la prevención, la educación, el ocio, la formación profesional, la actividad laboral, la atención residencial, la función tutelar y la asistencia sanitaria, cultural y social, dando una especial importancia a la inserción en el mercado laboral.

De hecho Garau figura como presidente del patronato de esta fundación cuando en 2006 solicita su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes declarando que la entidad tiene como finalidad global y principal «la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad psíquica, física y sensorial».

La privatización de este servicio de información ha indignado a sindicatos como UGT que en un comunicado ha criticado el «oscurantismo» de la Conselleria de Asuntos Sociales por no informar a la plantilla hasta la semana pasada, coincidiendo con el periodo vacacional y de forma verbal, sin existir en ningún momento participación sindical.