Polémica en las oposiciones a Policía Local: 84 aptos para 84 plazas y dudas sobre el examen psicotécnico

Más de 200 aspirantes llegaron al tercer ejercicio, pero solo 84 han resultado aptos, exactamente el mismo número que las 84 plazas de Policía Local ofertadas. Los opositores cuestionan los criterios de corrección, el acceso al examen y el sistema utilizado para determinar el aprobado.

Más de dos centenares de aspirantes que alcanzaron el tercer ejercicio de un proceso selectivo para 84 plazas de Policía Local en Illes Balears han reclamado a la Administración una explicación detallada sobre los criterios utilizados para determinar quién continúa en el procedimiento y quién queda excluido.

Tras la publicación de los resultados provisionales, únicamente 84 candidatos han obtenido la calificación de apto, coincidiendo exactamente con el número de plazas convocadas. Los afectados subrayan que esta coincidencia, por sí sola, no demuestra ninguna irregularidad, pero consideran que, unida al resto de circunstancias que rodean la prueba, justifica una exigencia de máxima transparencia.

Uno de los principales motivos de preocupación se encuentra en la prueba de aptitudes psicotécnicas. Según explican los opositores, para determinar el resultado de apto se utilizó un percentil 30 (P30) sobre una muestra externa de referencia.

Posteriormente, en los informes individualizados facilitados a los aspirantes, se comunicó que ese percentil se correspondía con una puntuación directa mínima de 157 puntos, que después se transformaba en una calificación de 5 puntos sobre 10.

Los opositores sostienen que, aunque el P30 figuraba en los criterios específicos publicados antes de la realización de la prueba, otros elementos esenciales para conocer cómo se determinaba realmente el aprobado —como el valor de M=157 y la fórmula matemática empleada para convertir la puntuación— se conocieron posteriormente.

Por ello, reclaman conocer cómo se obtuvieron exactamente esos 157 puntos, qué muestra externa se utilizó, quién estableció ese valor, cuándo quedó fijado y qué informe psicométrico lo respalda, además de cuándo fue aprobada la fórmula de transformación de la puntuación.

Otra de las cuestiones que denuncian los afectados es la imposibilidad de revisar de manera efectiva el contenido del examen. Los opositores reciben información sobre el número de aciertos, errores y respuestas en blanco, pero aseguran que no pueden consultar el cuadernillo utilizado, lo que les impide comprobar qué preguntas fallaron, cuáles eran las alternativas disponibles o cuál fue considerada la respuesta correcta.

Según explican, se han invocado derechos de propiedad intelectual de la empresa encargada de la prueba para limitar el acceso al material. Esta circunstancia, sostienen, dificulta especialmente la presentación de alegaciones contra preguntas concretas.

La reclamación cobra especial importancia porque varios aspirantes han presentado quejas coincidentes sobre determinados ejercicios de razonamiento espacial, dados tridimensionales, simetrías y transformaciones de figuras, tanto por las posibles soluciones como por la claridad de algunas instrucciones.

«No pedimos que el examen sea más fácil», señalan los afectados. Lo que reclaman es poder comprobar el contenido de la prueba y verificar que cada pregunta tiene una solución inequívoca y que la corrección aplicada es correcta.

Los aspirantes también solicitan explicaciones sobre el sistema de anonimato empleado durante la corrección. En los informes se sostiene que la empresa realizó la corrección sin conocer los datos personales de los candidatos. Sin embargo, los opositores recuerdan que durante la realización del examen consignaron sus nombres y apellidos.

Por ello, solicitan conocer qué mecanismo concreto de separación, codificación o anonimización se aplicó antes de que las hojas fueran corregidas. Los afectados recalcan que no están afirmando que la empresa conociera su identidad durante la corrección, sino que piden que la Administración documente cómo se garantizó que esa identificación no fuera posible.

Los opositores también ponen el foco en que existen otros procesos municipales de Policía Local en Illes Balears en los que se han utilizado sistemas diferentes para determinar la aptitud psicotécnica. Por este motivo, reclaman una explicación técnica sobre por qué el proceso unificado emplea un sistema basado en un percentil externo y cuál es la justificación de esa metodología frente a otros procedimientos utilizados para el acceso a la misma categoría profesional.

A todas estas cuestiones se suma otro elemento que los afectados consideran especialmente relevante: los resultados del tercer ejercicio todavía son provisionales y existen alegaciones y solicitudes de revisión pendientes. Sin embargo, los 84 aspirantes que figuran provisionalmente como aptos ya han sido convocados para actuaciones relacionadas con la elección de plaza o municipio.

Los opositores quieren saber qué sucedería si alguna de las reclamaciones pendientes fuera finalmente estimada y cómo se garantizarían los derechos de los aspirantes afectados por una eventual modificación de las calificaciones.

Su reivindicación, recalcan, no consiste en obtener una plaza sin cumplir los requisitos ni en rebajar el nivel de exigencia para acceder a la Policía Local. Su petición es, según explican, «mucho más básica»: poder comprobar el examen y conocer con absoluta transparencia qué reglas determinaron su exclusión, cuándo se establecieron y cómo fueron aplicadas.

Los opositores consideran además relevantes varios precedentes judiciales, entre ellos la STS 1046/2022, de 20 de julio, sobre la importancia de que los criterios de calificación sean previos y conocidos por los aspirantes antes de realizar los ejercicios, así como la Sentencia 214/2023 de Alcoy, relativa a un proceso de Policía Local y a una prueba psicotécnica.

Por ese motivo, aseguran disponer de documentación del procedimiento, incluidos los criterios publicados, los resultados provisionales, los informes individualizados y las reclamaciones presentadas, además de numerosos testimonios de aspirantes que estarían dispuestos a explicar su experiencia preservando su identidad.

Con 84 plazas de Policía Local en juego, los opositores consideran que la Administración debe poder explicar y documentar de forma clara cómo se ha determinado quién continúa en el proceso y quién queda fuera, especialmente mientras permanecen pendientes las reclamaciones sobre el tercer ejercicio de las oposiciones.