Pedro Sánchez se ríe del alcalde Hila y le obliga a pagar 60 millones de la nueva depuradora de Palma
La empresa municipal Emaya tendrá que asumir el coste de construcción del emisario marino
La nueva depuradora de Palma no estará en funcionamiento hasta finales de la próxima legislatura
Baleares tira directamente al mar el 70% del agua residual que llega a las depuradoras
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ríe del alcalde socialista de Palma, José Hila, y le obliga a pagar 60 millones de la nueva depuradora de Palma, en concreto, el emisario marino cuya financiación no correrá a cargo del Gobierno central. Hasta la fecha, Ayuntamiento de Palma y Govern balear habían informado de que la nueva depuradora tendría un coste total de 170 millones que serían abonados por el Gobierno central (80%) y el balear que asumirá, en su caso, un 20% del coste a través del canon de saneamiento de aguas.
Pero a la hora de la verdad, al gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, Sánchez le ha colado el desembolso de más de 60 millones (más IVA) por el emisario de esta infraestructura.
El polémico emisario que el Gobierno de Sánchez no quiere pagar es una canalización que tiene como objeto extenderse mar adentro hacia las zonas más profundas para evitar que, en caso de un vertido por lluvias torrenciales, éste sea dirigido fuera del entorno de la Bahía.
Aunque los costes de construcción de las depuradoras son tan elevados que pasan por su imprescindible financiación estatal, en el caso de Palma, no será así en su totalidad.
De hecho, en el convenio firmado entre la compañía estatal, Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), y la empresa municipal Emaya, se especifica que será el Ayuntamiento de Palma, a través de esta compañía pública palmesana, quien se haga cargo de buscar la financiación adecuada para pagar el nuevo emisario, que costará 60 millones de euros, más IVA.
Aunque el Estado aportará 12 millones de euros, este desembolso será devuelto por el Consistorio mientras que, para el resto hasta alcanzar el citado montante, el Consistorio tendrá que buscar financiación europea y del Govern.
Pero en caso de que no la logre, será la empresa pública Emaya, o sea, todos los palmesanos, la que tendrá que asumir esta cuantía.
Y es que, según recoge el acuerdo de colaboración entre la sociedad mercantil estatal Acuaes y Emaya para la ejecución y explotación de la actuación nuevo emisario de la depuradora (Edar de Palma II), «tanto si existiera déficit de financiación de fondos de la Unión Europea, como si finalmente la actuación no resultara elegible a los programas de ayudas, Emaya podrá optar por asumir el importe de las mismas mediante otras vías de financiación durante la construcción de las obras», o en caso contrario, «resolver el convenio».
«En caso de que Emaya asuma el importe de estas cantidades durante la construcción de las obras deberá completar el importe del aval», recoge el documento.
Ante lo sucedido, desde las filas del principal partido de la oposición en el Consistorio palmesano (PP), su presidente y candidato a las municipales de mayo, Jaime Martínez, ha criticado la «incapacidad» del alcalde Hila, para lograr que el Gobierno de Pedro Sánchez financie el 100% del proyecto de la depuradora del municipio.
Martínez censuró «los motivos partidistas» de Hila, al que acusa de haber anunciado con «afán electoralista» la llegada de la nueva infraestructura sin tener garantías de que el Gobierno estatal se hiciera cargo de su coste.
«Hila ha vuelto a engañar a los palmesanos, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pagará el nuevo emisario que la depuradora necesita para no verter las aguas fecales en la Bahía de Palma», manifestó Martínez.
El presidente de la formación recordó que en 2013 el PP redactó el proyecto de la nueva depuradora, que incidía en su capacidad para soportar la población de Palma y su crecimiento estacional a causa del turismo, y en la necesidad de sacar el emisario de la depuradora de la bahía de Palma, para acabar con los vertidos en las costas de la ciudad, pero ahora el Estado no contempla la segunda cuestión.
«A Sánchez no le importa si las aguas fecales acaban en nuestra bahía, a pesar del perjuicio a nuestras costas», remachó Martínez.