Palma aumenta un 50% en un año las plazas de acogida para familias ‘sin techo’
El Ayuntamiento ha ampliado de 56 a 84 el número de unidades concertadas para este fin con la Fundación Sant Joan de Déu
La inversión para este incremento ronda los 2 millones: "Pasamos de las palabras a los hechos", afirma el regidor Bauzá
El Ayuntamiento de Palma ha aumentado un 50% en un año las plazas de acogida para familias sin techo, ampliando hasta 84 las plazas concertadas del servicio que presta la Fundación Sant Joan de Déu.
El pasado mes de mayo, la Junta de Gobierno aprobó la ampliación de seis plazas y, con la inclusión ahora de otras 20, el servicio pasará de ofrecer 56 a 84. La inversión para la ampliación de las plazas es de 1,9 millones de euros.
Para el portavoz adjunto municipal, Llorenç Bauzá, la medida se enmarca en el compromiso de «acabar con la falta de vivienda que se ha provocado en los últimos años y la política nefasta que se ha llevado a cabo en Palma».
En este sentido, ha hecho referencia a la primera fase del plan de choque impulsado por el alcalde del PP, Jaime Martínez, que ha adjudicado dos parcelas para la construcción de 166 viviendas a precio limitado. «Pasamos de las palabras a los hechos», ha defendido.
Igualmente, Bauzá ha señalado que se han aprobado los cambios de uso de siete solares para la construcción de más de 800 viviendas con el objetivo de llegar a un total de 2.000 viviendas a final de la legislatura.
La Fundación Sant Joan de Déu ha acogido en torno a 700 familias sin hogar desde 2015, que se han visto en situación de exclusión residencial por la pérdida de su hogar habitual.
El 70% de los casos atendidos es por no poder pagar una vivienda incluso trabajando y solicitan entrar en el recurso residencial al tener menores a su cargo y así cubrir sus necesidades básicas en alimentación e higiene. Por ello, las sucesivas ampliaciones de crédito obedecen a garantizar la cobertura de necesidades básicas, intervención en situaciones de riesgo, actuaciones comunitarias, apoyo a familias vulnerables o políticas de inserción.
Entre otras cuestiones, por el aumento de la pérdida de viviendas por desahucios y no tener suficientes recursos económicos para poder asumir los gastos, o el incremento de familias en situación administrativa irregular que no les permite acceder a un contrato de trabajo, al alquiler de de una vivienda y requieren de un alojamiento alternativo.
También a que cada vez son más las familias refugiadas o asiladas que realquilan habitaciones y a las que se les comunica que deben abandonar la misma sin ninguna previsión, unido además al incremento generalizado de los precios de alquiler y una creciente dificultad para cumplir los requisitos.
Estos últimos años se han dado cambios sociales y económicos, que han tenido una incidencia directa con la situación de vulnerabilidad de las familias con menores, que requieren de alojamiento y de un soporte para iniciar un proceso de inserción.
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