Ocho denuncias de hasta 3.000 euros a locales de ocio del Paseo Marítimo de Palma por terrazas ilegales

Ocho denuncias de hasta 3.000 euros a locales de ocio del Paseo Marítimo de Palma por terrazas ilegales que no contaban con la autorización permanente o ocupaban más espacio del permitido.

La Policía Local de Palma, en colaboración con la Autoridad Portuaria, ha llevado a cabo un operativo conjunto de control de la ocupación de la vía pública de las terrazas de los locales de ocio y restauración del Paseo Marítimo de Palma, en la conocida como avenida Gabriel Roca.

En este dispositivo, efectuado el pasado fin de semana, participaron cuatro agentes de la APB y varios agentes de distintas unidades de la Policía Local: siete efectivos del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) y dos del Grupo de Acción Preventiva (GAP).

Como resultado de esta actuación, se levantaron ocho actas, una por establecimiento infractor, por ocupación de la vía pública sin autorización en la zona de titularidad de portuaria.

Asimismo, el pasado 1 de junio se tramitaron otras dos actas, en este caso en zona de competencia municipal. Los dos establecimientos implicados no retiraron los elementos de sus terrazas tras el cierre, dejándolos acumulados frente a la fachada del local.

Se recuerda que estas conductas contemplan sanciones económicas que, según la gravedad de la infracción, pueden ser de entre 100 y 750 euros (infracciones leves); de 750,01 a 1.500 euros (infracciones graves), y de 1.500,01 euros hasta 3.000 euros (infracciones muy graves).

La actuación policial en una de las principales zonas de ocio de la capital balear se produce después de que, semanas atrás, la Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma advirtiera del «caos» generado por las terrazas de los locales de este emplazamiento, que achacaron al «vacío de poder» que hay entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para controlarlas.

La agrupación vecinal ha reprochado, a través de un comunicado, a las dos instituciones el descontrol total en la gestión e imagen de las terrazas de esta privilegiada y a la vez castigada zona de la ciudad.

La falta de colaboración entre ambas administraciones ha dejado a los vecinos completamente desprotegidos frente a los abusos de ciertos negocios que ocupan más espacio del autorizado, ofrecen una imagen pésima a los visitantes, generan ruidos excesivos, no cumplen medidas de higiene alimentaria y alteran la convivencia, denunciaron.

En ese sentido, precisaron que la APB es la responsable de conceder las autorizaciones de ocupación, pero carece de competencias sancionadoras y afirmaron que el Ayuntamiento se desentiende al alegar que no puede intervenir en dominio portuario.

Por estos motivos plantearon una serie de exigencias tanto a la APB, como al Ayuntamiento para que «asuman responsabilidades de forma urgente y alcancen un acuerdo». Entre otras cuestiones reclaman un marco normativo único y claro, que se implemente un sistema de sanciones eficaz garantizando la participación real de los vecinos en la toma de decisiones y que se cumplan las normas de limpieza e higiene como en el resto de Palma.