OkBaleares
'caso koldo'

Las mascarillas fraudulentas llevaban siete días en Palma cuando el Govern de Armengol rubricó su compra

Su entrega fue el 27 de abril de 2020 y no tramitó su adquisición hasta el 4 de mayo

Un día antes de su llegada al aeropuerto, la empresa del 'caso Koldo' envió la factura de 3,7 millones

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El lote de 1,4 millones de mascarillas fraudulentas llevaban siete días en Palma cuando el Govern de la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, procedió a iniciar los trámites para rubricar su compra el 4 de mayo de 2020, por 3,7 millones de euros. La entrega del material sanitario de las supuestas mascarillas FFP2, que resultaron después ser fraudulentas se produjo, por tanto, antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro.

Su entrega al Govern presidido por Armengol por la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos, se produjo el 27 de abril de 2020, después de que les fuesen ofrecidas directamente al gobierno balear el día 25, y aceptada su adquisición, al día siguiente. Pero no fue hasta el 29 de abril, cuando el Ejecutivo balear solicitó al órgano de contratación de la Administración autonómica, la declaración de su adquisición por vía de emergencia.

La Guardia Civil, en concreto la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha localizado una factura comercial remitida por la citada compañía al Govern con fecha 26 de abril de 2020, en la que se estipula el suministro de mascarillas al Servicio de Salud de Baleares, por importe de 3.701.500 euros. La entrega del polémico lote de 1,4 millones de unidades y su llegada a Baleares se hizo efectiva un día después.

Aunque ya habían sido facturadas, no fue hasta el 29 de abril cuando el Subdirector de Compras Logística del Servicio de Salud solicita al órgano de contratación, la tramitación de emergencia para el contrato con la empresa Soluciones de Gestión.

Factura de Soluciones de Gestión en el informe de la Guardia Civil.

Hubo que esperar una semana para que Julián Fuster, director general del citado departamento, acordara iniciar el tramite de emergencia del contrato el 4 de mayo de 2020, y la formalización formal de dicha contratación se realizó el día 8 de mayo, cuando el material ya llevaba en Mallorca más de diez días.

Es decir, como recoge la investigación de la Guardia Civil, «esta adjudicación es contraria a lo referido en el artículo 153.6 de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público» porque «fue ejecutada en fechas previas a la declaración de tramitación de emergencia por parte del órgano de contratación».

Teniendo presente que no se puede ejecutar un contrato previamente a la formalización del mismo, salvo cuando se declare esa adquisición de emergencia (hecho que en el caso que nos ocupa y la documentación analizada, se produce el 4 de mayo de 2020, cuando las falsas mascarillas llevaban una semana en Palma) todas las tramitaciones y actos administrativos anteriores a esa fecha «se entienden contrarias a la Ley que regula los contratos celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público».

Posteriormente en mayo, el Govern procedió a su pago sin comprobar su calidad. El 8 de junio, una vez pagadas las mascarillas, el centro estatal que analizaba el material sanitario emitía un informe, dictaminaba que no cumplían los requisitos de una FFP2, sino que eran quirúrgicas, y por tanto, más baratas. Y pese a ello, el Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas fake que siguen hasta hoy almacenadas en una nave.

Todo ello con el agravante de que, entre la documentación aportada a la causa por el Servicio de Salud de la Islas Baleares, la Guardia Civil asegura que «no se ha localizado ningún documento que refleje los contactos previos con la empresa adjudicataria para el perfeccionamiento de los contratos», tampoco «ningún contrato o acuerdo firmado entre las partes en el que se concreten los términos de desarrollo del servicio, ni se nombra a los responsables del mismo», recoge el informe de conclusiones remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa.