Hila incumplió la Ley de Memoria al no reconocer a las víctimas de los bombardeos republicanos

El Ayuntamiento de Palma liderado por el alcalde socialista, Jose Hila, ha incumplido en la presente legislatura, hasta en dos ocasiones, la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de Baleares, al negarse a homenajear a las víctimas civiles de los bombardeos ejecutados por la aviación republicana en 1936. 

En los dos casos, el gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas de Més per Mallorca y populistas de Unidas Podemos (UP) ha rechazado la iniciativa presentada ante el pleno, por el Grupo Municipal de Ciudadanos. 

El mismo gobierno que continúa empecinado en derribar el monumento al crucero Baleares de la plaza palmesana de Sa Feixina, despojado desde hace más de una década de cualquier vestigio franquista, recurriendo todas las sentencias judiciales que avalan su conservación, incumple la Ley de Memoria que estas mismas formaciones  políticas impulsaron en el Parlament balear. 

Hasta ahora, y no parece que nada vaya a cambiar, el tripartito municipal de Palma ha rechazado cualquier acto de homenaje a las víctimas de aquellos bombardeos de la aviación republicana, negándose además a realizar cualquier investigación sobre los hechos, prueba evidente de su intención de ocultar esta página negra de la historia de la capital balear. 

Los bombardeos republicanos sobre Palma fueron especialmente virulentos, en especial, el día 14 de agosto de 1936. Esa jornada siete aviones arrojaron un centenar de bombas en Palma, Llucmajor y Santa María. 

Un episodio que se repitió meses después, en concreto, los días 23 y 24 de mayo de 1937, y que en esta ocasión, afectaron a la barriada de Santa Catalina y provocaron el destrozo de la céntrica Porta de Sant Antoni, causando un gran número de víctimas. 

Posteriormente, el día 11 de junio de ese mismo año, la aviación republicana lanzó más de media tonelada de bombas, causando la muerte de 10 palmesanos en el casco antiguo, entre ellos, las tres hermanas Antonia, Magdalena y Mercedes Muñoz Martí, de 23, 18 y 7 años de edad, que fallecieron en la Plaza des Pes de Sa Palla cuando acudían al refugio antiaéreo en busca de protección.

No fueron los únicos, ya que como consecuencia de los diferentes bombardeos perdieron la vida un importante número de vecinos, casi todos civiles  y, completamente ajenos, a los conflictos políticos que habían generado la confrontación fratricida. 

Baste indicar a este respecto que el historiador Massot i Muntaner, en su libro “Los bombardeos de Mallorca durante la Guerra Civil’’ contabilizó un total de 150 mallorquines muertos, de los que 35 eran niños.

Ninguno de ellos existe para el actual gobierno municipal. Unas personas a las que el artículo 4 de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, considera víctimas, al morir como consecuencia de bombardeos aéreos. Un hecho contemplado expresamente en ese marco legal, pero una condición y reconocimiento que el Ayuntamiento de Palma y Govern balear les niegan una y otra vez.

De hecho, ninguna de ellas, figura en el borrador de víctimas encargado desde la Dirección General balear de Reconocimiento Democrático en manos de Unidas Podemos (UP). 

Toda una demostración de que esta legislación impulsada por las formaciones de la izquierda nacionalista sólo es un instrumento político partidista más, para ensalzar a las que consideran sus víctimas, y condenar al silencio y al ostracismo a las asesinadas por el Ejército republicano y milicianos comunistas.