El Govern insiste en retirar las pagas a inmigrantes: «No podemos dar cobertura social a todo el que llega»
La consellera Sandra Fernández afirma se negará la Renta Social Garantizada o de Emancipación a quien no lleve tres años de residencia
La dirigente del PP critica al Gobierno Central por instalar carpas en las estaciones marítimas para atender a inmigrantes
La consellera Sandra Fernández ha profundizado este miércoles en el compromiso que adquirió ayer en el Parlament y que está plasmado en el acuerdo PP-Vox para los Presupuestos de 2025. Las ayudas sociales se negarán a aquellos que no lleven residiendo en las islas un mínimo de tres años, para evitar el efecto llamada.
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha subrayado que su departamento está trabajando en «poner orden» en la gestión de prestaciones sociales para evitar un «efecto llamada».
«No podemos dar cobertura social a todo aquel que llega», ha trasladado la consellera este miércoles tras ser preguntada por los medios de comunicación en la rueda de prensa de firma del convenio del servicio de atención a domicilio con el Consell de Mallorca.
Según Fernández, hay una gestión «ineficaz» y «cierto descontrol» en determinadas prestaciones en general que «obligan» a la Conselleria a «poner orden», por ejemplo, en la renta social garantizada o la renta de emancipación.
El acuerdo de presupuestos entre PP y Vox incluía una ampliación de la residencia mínima legal para la renta social garantizada y la renta de emancipación. Sobre esta cuestión, ha señalado que su Conselleria está «viendo cómo hacer esta modificación» para aumentar el mínimo a tres años.
Además, ha expuesto que ampliar a tres años este requisito es volver a la redacción original de ley que, ha remarcado, salió adelante con «cierto consenso».
«Estamos estudiando y reorganizando para ver cómo podemos ser eficaces y evitar este efecto llamada porque no podemos dar cobertura social a todas las personas que llegan», ha dicho, a la vez que ha sostenido que se tensionarán los servicios sociales, especialmente, de los ayuntamientos y los consells insulares.
La consellera ha cargado contra el Gobierno de España por denegar a Baleares la declaración de contingencia migratoria y ha insistido en la «necesidad» de revertir esta cuestión. «No para trasladar a menores sino para que no vengan más», ha defendido.
En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo central instale carpas en la estación marítima para poder atender a migrantes y ha aseverado que el Govern «no quiere tener a menores en tiendas de campaña».
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