La empresa que redactó el plan urbanístico de Palma que aprobó la izquierda denuncia al Ayuntamiento

Territorio y Ciudad, la empresa que redactó el nefasto plan urbanístico que aprobó la izquierda la pasada legislatura a falta de un mes para las elecciones de mayo de 2023 y que acumula hasta 42 contenciosos en los juzgados, ha denunciado al Ayuntamiento de Palma.

Otra demanda más en una batalla judicial con múltiples implicados contra este planeamiento urbanístico aprobado a medias por el ex alcalde socialista José Hila, que puede tener consecuencias imprevisibles para las arcas municipales y cuya resolución va para largo.

El citado despacho ha interpuesto en este caso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local relativo a la resolución del contrato de asistencia técnica para los trabajos de redacción y de asesoramiento a la Corporación Municipal para la revisión del Plan General de Palma, que ha sido admitido a trámite en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma.

Una decisión adoptada por el actual gobierno municipal que lidera el alcalde del PP, Jaime Martínez, que la primavera pasada rescindió el contrato de casi un millón de euros de forma unilateral con esta empresa por su «incompetencia intolerable», y sus «incumplimientos reiterados y constantes», tal y como afirmó el concejal de Urbanismo del PP, Óscar Fidalgo.

Un Plan General 2023 aprobado a medias con más de 400 prescripciones por el que la citada empresa redactora ha cobrado del Ayuntamiento de Palma un total de 680.695 euros, quedando pendiente antes de la resolución del mismo 291.726 euros.

De ese nuevo planeamiento sólo está aprobada la parte estructural (qué se puede o no construir en una parcela) quedando pendiente de redacción la parte detallada del planeamiento (diseño y condiciones de lo que se puede edificar) estando ahora en vigor en este sentido, lo contemplado en el último Plan General de 1998.

Una inseguridad jurídica sin precedentes en un ámbito tan sensible como el urbanístico con la que se ha encontrado y está teniendo que lidiar el actual regidor del ramo, Óscar Fidalgo, que el 24 de abril de 2024 inició el expediente para la resolución del contrato de servicios de asistencia técnica por los trabajos de redacción para la revisión del Plan General de Palma.

Una decisión adoptada, según el Ayuntamiento de Palma, por la falta de dedicación personal y la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

El pasado mes de octubre, la Junta de Gobierno desestimó las alegaciones  presentadas por Territorio y Ciudad. Por ello, y de acuerdo con el Consell Consultiu, el gobierno municipal declaró la resolución del contrato, confiscó la garantía depositada del mismo e inició expediente contradictorio para determinar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento y el expediente de liquidación.

Ahora una vez conocido y admitido a trámite el recurso judicial de la empresa, se ha suspendido el procedimiento de liquidación e indemnización de daños y perjuicios, y serán los tribunales los que determinen si fue ajustada o no a derecho la decisión adoptada por el actual gobierno municipal de rescindir el contrato.

Un acuerdo contractual con Territorio y Ciudad cuyo origen se remonta al arranque de la pasada legislatura, en concreto al 12 de septiembre de 2019, cuando fue adjudicado por el anterior gobierno por la rebaja notable realizada por la citada empresa de hasta un 30,5% en el precio inicial de licitación (de 1.399.168,98 euros con IVA a 972.422,44) y en el plazo de ejecución del mismo.

Tras la resolución del contrato son los propios funcionarios de la Gerencia de Urbanismo los que llevan a cabo la redacción del nuevo planeamiento, y la intención del gobierno municipal es que el pendiente Plan de Ordenación Detallado (POD) pueda estar aprobado a mediados del año que viene, tras pasar previamente por una nueva fase de exposición pública, en fecha aún por concretar.